EL VENEZOLANO COLOMBIA
El Gobierno de Cabo Verde negó hoy haber mandado a dos emisarios a Caracas con el fin de entablar contactos con el régimen de Nicolás Maduro, tras la detención en el país africano del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser su testaferro y reclamado por Estados Unidos por supuesto blanqueo de dinero.
«El Gobierno de Cabo Verde no ha enviado a nadie con ninguna misión a la República Bolivariana de Venezuela», afirmó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores caboverdiano.
UNA NOCHE EN EL PALACIO PRESIDENCIAL DE MIRAFLORES
La nota se publicó después de que el diario estadounidense «El Nuevo Herald» asegurara ayer que «un ex alto funcionario del Gobierno y un empresario de Cabo Verde llegaron secretamente a Venezuela el lunes y pasaron la noche en el palacio presidencial de Miraflores».
Según el periódico, que citó a «fuentes familiarizadas con la situación», esa visita, que acabó el martes, ocurrió «en medio de los esfuerzos de Nicolás Maduro por conseguir que el país africano libere a su principal socio, el empresario colombiano Álex Saab».
«Los hombres -precisó el rotativo- llegaron en un avión privado a través de la terminal presidencial, conocida en Venezuela como la ‘Rampa Cuatro’, con documentación que los identificaba como Carlos Jorge Oliveira Gomes Dos Anjos y Fernando Gil Alves Évora».
Oliveira Gomes Dos Anjos es un exdirector de Turismo y Transporte de Cabo Verde, mientras que Alves Évora es un empresario del sector farmacéutico en ese país insular de África occidental.
INFORMACIÓN «ABSOLUTAMENTE FALSA»
Sin embargo, el Ejecutivo caboverdiano subrayó hoy que «tal información es absolutamente falsa».
«La República de Cabo Verde -aseveró- es un Estado de derecho democrático, donde los tribunales son independientes y las garantías de defensa se aplican a todas las personas, por lo que existe confianza en el sistema judicial, que decidirá sobre el caso de extradición del señor Álex Nain Saab Morán en curso».
«Cualquier acción, contacto o gestiones fuera del marco institucional y la representación oficial son responsabilidad exclusiva de sus autores y no vincula al Estado de Cabo Verde», advirtió.
En cuanto a la gestión del caso, el Gobierno caboverdiano señaló que «ha garantizado la más amplia oportunidad de defensa» a Saab, como su «protección consular» y la «autorización de visados de entrada a abogados extranjeros».
Esa mención parece responder al bufete Ilocad, dirigido por el exjuez español Baltasar Garzón, miembro del equipo legal de Saab, que este sábado dijo haber sido objeto de dos deportaciones irregulares durante la semana pasada, cuando un integrante trató sin éxito de entrar en el país.
Saab, de 48 años, fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Tanto el Gobierno como un tribunal del país africano han aprobado la extradición del empresario colombiano a EEUU, si bien la defensa ha presentado un recurso de apelación con la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Cabo Verde.
SUPUESTO BLANQUEO DE 350 MILLONES DE DÓLARES
Tras la detención de Saab, Caracas señaló que él es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno que estaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
El nombre de Saab apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
