«La verdad está en camino y nada la detendrá» es una frase premonitoria de Emil Zola. El padre del naturalismo literario concebía la literatura y el periodismo como una formidable arma de lucha política. Lo dejó claro al defender de la calumnia al capitán Dreyfus en un affaire de enorme resonancia en Europa. Su “yo acuso” fue demoledor. Una causa noble y una pluma ética.
Presento mi idea con una convicción similar. Obviemos la pluma. Traigo a colación algunos ejemplos de la conexión del populismo practicante por el Gobierno de España y los países atrapados por el socialismo marxista del siglo XXI en Iberoamérica. No son pocos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, México y Perú, con el debutante presidente, Pedro Castillo Terrones (poco de Castillo y mucho de Terrones).
Empiezo con el vuelo privado, en enero de 2020, de la vicepresidente del gobierno venezolano, Delcy Eloína Rodríguez, sujeta a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por haber incurrido en delitos contra el patrimonio público y los derechos humanos. El ministro de Transportes, Juan Manuel Ábalos, la recibió de madrugada en el aeropuerto de Barajas y se desató una tormentosa polémica sobre el acto transgresor de la uniformidad normativa del Derecho Internacional de Europa.
La pregunta que surgió, ¿pisó o no, suelo español la vicepresidenta? El Tribunal Supremo ocultó la verdad y afirmó que la decisión en política exterior de la Unión Europea no implica responsabilidad penal. Salió, entonces, bien librado, el arrogante ministro y, en ese tiempo, secretario de Organización del PSOE.
Meses más tarde, en julio, ocurre otro azaroso acontecimiento. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales aprueba otorgarle un crédito de 53 millones de dólares a la empresa aérea Plus Ultra. No está en ningún documento oficial, pero es de público conocimiento la sospecha generalizada de que los accionistas son visibles testaferros de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y de la princesa del chavismo Delcy Eloína Rodríguez.
La retorcida interpretación de los estatutos de SEPI evidencian el fraude. Esta vez, Ábalos, antiguo jefe de las juventudes comunistas y aficionado al juego de azar, perdió su apuesta de mantenerse en el gobierno. Cabizbajo abandonó el Gabinete y hubo de regresar a Torrent, su tierra valenciana.
Aún resuenan en mis oídos sus declaraciones ostentosas, de que había venido para quedarse en las funciones del gobierno de España. Quizá el retiro de su cargo y la dura crítica del sandinista Daniel Ortega al gobierno presidido por Pedro Sánchez Castejón, pueda advertir la clase de tierra movediza sobre la cual descansa cualquier pacto con los neocomunistas iberoamericanos.
Los asesores del populismo en América arriesgan permanentemente el ejercicio de su consultoría, de su trabajo fijo y bien remunerado. El expresidente vallisoletano José Luis Rodríguez Zapatero fue excluido del diálogo en México; en cambio, Juan Carlos Monedero ha enriquecido su cartera de clientes con su orientación –presentación Power Point– al bisoño presidente de Perú.
Sin embargo, Plus Ultra no frena ni se queda aparcada. Viene de obtener la segunda parte del crédito otorgado por 34 millones de euros. Dado su carácter de “industria estratégica”, ha merecido la aplicación de la política diseñada por el gobierno PSOE-Podemos para el sector público. El crédito de marras había sido bloqueado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, pero superado el escollo se designó a María Jesús Álvarez observadora en la junta directiva de la empresa venezolana.
Vale la pena recordar que Plus Ultra suscitó un apoyo inusitado de los organismos españoles principales, la Abogacía del Estado, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas. Por lo demás, la propia SEPI está adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La polvareda, todavía no disipada, levanta suspicacias y sospechas plenamente justificadas. Para colmo, el 14 de agosto apareció en gran despliegue la noticia de que los dueños de Plus Ultra figuran como directivos de empresas en paraísos fiscales.
Plus Ultra cuenta entre sus socios a empresarios señalados en tramas de elusión de impuestos
Los empresarios venezolanos detrás de la aerolínea, poseedores de más del 47% de las acciones, han sido vinculados a sociedades «pantalla» en destinos opacos como Barbados y Aruba.
En definitiva, Plus Ultra cuenta entre sus socios a empresarios de dudosa reputación, señalados en tramas de elusión de impuestos y ocultación de actividades fraudulentas, según reflejan las cuentas presentadas por la empresa en los últimos años.
Destacan entre sus directivos Rodolfo José Reyes, El Arigie Harbie Raif y Roberto Rosselli. Y dos nuevos nombres, Pedro Antonio Flavio Borquez Tarff y Héctor Antonio Tobías Roye. Es inevitable la alusión a las sociedades que Reyes y Harbie comparten en España con el venezolano-libanés Camilo Ibrahim Issa, muy cercano a Delcy Rodríguez y a Cilia Flores.
Los libros de la empresa dejan constancia de las pérdidas en todos los ejercicios desde su creación en 2011, pero esta semana recibirá los 53 millones de euros íntegros del rescate que aporta la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su misión, por antonomasia, es rentabilizar las participaciones empresariales y orientar las actuaciones atendiendo el interés público. La interpretación es libre y fácil.
