EV COLOMBIA | HUMAN RIGHTS WATCH
El trato que brinda Trinidad y Tobago a migrantes y refugiados venezolanos y la deportaci贸n sumaria que lleva a cabo, incluidos de ni帽os, ni帽as y solicitantes de asilo, no s贸lo constituyen grav铆simas violaciones de derechos humanos, sino son, adem谩s, un lamentable reflejo de su lealtad al r茅gimen de Nicol谩s Maduro.
Si bien Trinidad y Tobago, al igual que muchos otros pa铆ses en el mundo, enfrenta serias dificultades para responder al impacto econ贸mico y en la salud p煤blica de la Covid-19, ello no justifica deportaciones que violan el derecho internacional.
En los 煤ltimos a帽os, cerca de 24.000 venezolanos han recorrido las 25 millas que separan Venezuela de Trinidad y Tobago, huyendo de la crisis econ贸mica y pol铆tica en su pa铆s. Se espera que esta cifra aumente a 30.000 para fines de 2021. El cruce mar铆timo suele ser peligroso. Al menos 34 migrantes, incluidos varios ni帽os, se ahogaron al hundirse la embarcaci贸n en la cual se desplazaban el 6 de diciembre. Sin embargo, el gobierno sigui贸 adelante con una serie de deportaciones a finales del a帽o, incluidas 160 el 28 de noviembre. El 17 de diciembre, deportaron a otras 66 personas, entre ellas 22 ni帽os y ni帽as, de los cuales uno ten铆a apenas ocho meses. El ministro de seguridad de Trinidad y Tobago expres贸 el 28 de noviembre que las deportaciones se realizan 鈥渆n conjunto con las autoridades venezolanas鈥.
Incluso ante la llegada a costas trinitarias de venezolanos que huyen de su pa铆s, el gobierno de Trinidad y Tobago sigue arrodill谩ndose ante el mismo r茅gimen cuya mala gesti贸n econ贸mica y abusos han impulsado el 茅xodo masivo de m谩s de 5,5 millones de personas. Trinidad y Tobago apoya regularmente a Maduro en la Organizaci贸n de los Estados Americanos (OEA). El 18 de diciembre, el Primer Ministro Keith Rowley manifest贸 que no votar铆a ninguna resoluci贸n de la OEA hasta que el representante del l铆der de la oposici贸n Juan Guaid贸, que actualmente representa a Venezuela ante la OEA, fuera sustituido en la mesa por alguien que responda al gobierno de Maduro.
Los acuerdos comerciales entre Venezuela y el bloque de la Comunidad del Caribe, que incluye a Trinidad y Tobago, han mantenido firmes los nexos comerciales y econ贸micos entre los dos pa铆ses. Durante muchos a帽os, Venezuela les ha brindado acceso preferente al petr贸leo venezolano a estos pa铆ses. Estos cargamentos han disminuido en los 煤ltimos a帽os debido a una falta de producci贸n y los efectos de las sanciones estadounidenses sobre el petr贸leo venezolano. Trinidad y Tobago firm贸 un acuerdo con Venezuela en 2013 para desarrollar conjuntamente un campo de gas natural; sin embargo, el acuerdo se suspendi贸 en 2020 tras las restricciones originadas por las sanciones estadounidenses.
UN HISTORIAL DE RECHAZO Y MUERTE
Sin embargo, los venezolanos vulnerables no se benefician de estos acuerdos. Si llegan a las islas angl贸fonas, lidian no s贸lo con barreras por el idioma, sino tambi茅n con un riesgo mayor de explotaci贸n sexual y laboral, adem谩s de dificultades para acceder a la atenci贸n de la salud, la educaci贸n y el trabajo. Algunos est谩n siendo detenidos y deportados sin garant铆as de debido proceso.
Por ejemplo, el 17 de noviembre, la polic铆a detuvo a 29 venezolanos, incluidos 16 ni帽os y ni帽as, uno de ellos de cuatro meses de edad, al llegar la embarcaci贸n en la cual se trasladaban. Algunos ni帽os viajaban solos, para reencontrarse con sus familiares en la isla. La guardia costera los envi贸 de regreso a Venezuela el 22 de noviembre en dos botes peque帽os. Seg煤n indicaron los medios de comunicaci贸n, uno de los motores estaba averiado. Con las embarcaciones atadas una a la otra, los venezolanos estuvieron desaparecidos a la deriva durante varias horas hasta que los hallaron cerca de la costa venezolana.
Justo al d铆a siguiente, despu茅s de que una abogada de derechos humanos present贸 una solicitud de habeas corpus, un juez fall贸 contra las deportaciones ya que ocurrieron previo a finalizar su proceso legal, solicitando su regreso a Trinidad y Tobago. Ante estos hechos, la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) orden贸 que Trinidad y Tobago no los deportara hasta que las autoridades pudieran analizar el riesgo que eso entra帽aba para los ni帽os.
Dos de los ni帽os buscan protecci贸n ante contextos de abuso dom茅stico, por ejemplo, y otros dos sufren condiciones card铆acas graves para las cuales necesitan tratamiento y medicamentos que no est谩n disponibles en Venezuela. La comisi贸n destac贸 que las autoridades no hab铆an concedido a los detenidos una audiencia ante un juez antes de ser deportados, ni tampoco hab铆an contactado a sus padres o tutores ni permitido que los detenidos se reunieran con un abogado, como lo exige la legislaci贸n de Trinidad y Tobago.
DEPORTACI脫N ARBITRARIA
Las deportaciones sin debido proceso y la devoluci贸n de solicitantes de asilo a sitios donde podr铆an enfrentar un riesgo concreto de amenazas contra su vida u otros da帽os graves violan el derecho internacional. Asimismo, el Comit茅 de los Derechos del Ni帽o obliga a los pa铆ses a no enviar de regreso a ni帽os y ni帽as no acompa帽ados o separados de sus familias a un pa铆s donde haya 鈥渕otivos racionales para pensar que existe un peligro real de da帽o irreparable鈥.
Los ni帽os y las ni帽as est谩n entre los m谩s afectados por la emergencia humanitaria en Venezuela. M谩s del 14 % de los menores de 5 a帽os que viven en algunas zonas de bajos recursos est谩n desnutridos, seg煤n la organizaci贸n sin fines de lucro C谩ritas. Cerca de 3,2 millones de ni帽os y ni帽as en Venezuela y otros 4,3 millones que han salido del pa铆s necesitan asistencia humanitaria urgente, afirma UNICEF, e incluso antes de los cierres por Covid-19, 856.000 ni帽os y ni帽as ya hab铆an abandonado la escuela en Venezuela.
Las deportaciones arbitrarias tambi茅n violan el derecho de los ni帽os a la unidad familiar. Separar a una familia puede constituir 鈥渦na injerencia arbitraria o ileg铆tima en la vida familiar鈥, seg煤n los Comit茅s de los Derechos del Ni帽o y el Comit茅 de Protecci贸n de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Trinidad y Tobago debe facilitar la reunificaci贸n de los ni帽os con sus padres y priorizar el inter茅s superior de los ni帽os y ni帽as.
Con independencia de los lazos econ贸micos o diplom谩ticos que tenga Trinidad y Tobago con Venezuela, o los desaf铆os producto de la pandemia, los venezolanos que llegan a estas islas tienen derecho a pedir asilo. A los ni帽os y ni帽as se les debe permitir reunirse con sus familias. Su destino no puede depender de la intervenci贸n de un juez. Las m谩ximas autoridades del pa铆s, empezando por el Primer Ministro, tambi茅n tienen la obligaci贸n de hacer valer sus derechos humanos.
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