EV COLOMBIA | EL TIEMPO
Cuenta José Nicolás Rosendo que cuando escuchó la noticia sobre el estatuto de protección soltó un grito de alegría. Para este venezolano, de 30 años, que antes trabajaba en la industria petrolera en su país y ahora vende bolsas de basura en una calle bogotana, conocer la posibilidad de volver a vivir de lo que sabe –ensamblar estructuras metálicas– es lo mejor que le ha pasado en lo que va de 2021. “Ojalá que se nos abran muchas oportunidades con esto”, dice.
Y es que en los casi 30 meses que lleva en Colombia le ha sido imposible conseguir un empleo estable, debido a que no cuenta con los documentos necesarios. Por eso, el anuncio hecho por el presidente Iván Duque desde la sede de la Cancillería el lunes pasado, según el cual los migrantes del país vecino estarán amparados por un estatuto de protección temporal durante diez años, le permite creer que su realidad va a mejorar.
El paso dado por el Gobierno es significativo. De acuerdo con las cifras oficiales, a pesar de que se han otorgado más de 700.000 permisos de permanencia o salvoconductos desde 2018, el número de quienes han cruzado la frontera oriental y se encuentran en situación irregular es todavía mayor, siendo cercano al millón de personas.
CON ESTATUTO CASI 1.8 MILLONES DE VENEZOLANOS PODRÁN OPTAR POR LA RESIDENCIA
Ahora tanto unos como otros podrán permanecer e iniciar, si lo desean, el tránsito hacia una residencia permanente con la aprobación del Estatuto. De un plumazo, casi 1,8 millones de venezolanos –más los que lleguen en los próximos dos años a través de un puesto de control migratorio– tendrán despejada su situación, con los mismos derechos que cualquier extranjero afincado legalmente en el territorio nacional.
Una determinación de ese calibre es poco usual en el mundo. En 2015, con ocasión de la crisis de refugiados provenientes de Siria, a los que se les sumaron otros venidos del Medio Oriente y África subsahariana, Europa alcanzó a recibir un par de millones antes de cerrar sus fronteras, de los cuales Alemania acogió a la mitad.
Ahora Turquía es el principal punto de contención con algo más de tres millones y medio de desplazados sirios, a cambio de lo cual recibe un importante paquete de ayuda de la Unión Europea. Muchos de ellos siguen en carpas y tienen restringida su movilidad, en una especie de limbo que puede prolongarse por tiempo indefinido.
Las razones del estatuto
A la luz de esas experiencias, el ejemplo colombiano impacta por su audacia al integrar de manera inmediata a una población que equivale al cuatro por ciento del total de habitantes. Ello explica los pronunciamientos del secretario general de la ONU o del secretario de Estado de Joe Biden sobre un paso que fue descrito por el primero como “un importante acto de solidaridad”.
Sin embargo, más allá de los aplausos recibidos, es indudable que la determinación es polémica y más en medio de los estragos dejados por la pandemia. Según la más reciente encuesta de Invámer, en enero 72 por ciento de los interrogados en las cinco ciudades más grandes se mostraron en favor de mantener cerradas las fronteras para que no ingresen más venezolanos. Además, 67 por ciento dijeron tener una imagen desfavorable de los ciudadanos que vinieron del país vecino para quedarse.
Detrás de esas opiniones se encuentran prejuicios de diverso orden. Tal como en otras latitudes, a los migrantes se les culpa de múltiples males que incluyen menos oportunidades laborales y más inseguridad. En contraste con una actitud inicial de brazos abiertos cuando el éxodo se intensificó en 2016, ahora son más usuales los episodios de xenofobia y discriminación.
Irónicamente, quejas similares se escuchaban hace medio siglo cuando numerosos colombianos cruzaron la línea limítrofe en busca de un mejor futuro en la llamada ‘Venezuela Saudita’. Aunque las verdaderas cifras nunca se sabrán, una investigación de la Universidad del Rosario hecha a mediados de la década pasada habló de unas 721.000 personas, lo cual lleva a pensar que el flujo migratorio de ese entonces fue equivalente al actual como proporción de la respectiva población, en el sentido inverso.
GRAN CANTIDAD DE COLOMBIANOS PRGRESARON EN VENEZUELA
Sea cual sea el dato, lo cierto es que una gran cantidad de compatriotas lograron progresar en un país que por aquella época tenía uno de los niveles de vida más altos del hemisferio. Además, las remesas enviadas les sirvieron a incontables hogares en zonas como los Santanderes o la costa Atlántica para paliar la pobreza.
Con ese antecedente, y desde el punto de vista ético, habría sido imposible justificar una política de puertas cerradas desde el momento en que comenzó a gestarse la peor tragedia humanitaria en la historia reciente de las Américas. La geopolítica también entró en la ecuación dadas las diferencias conocidas con el régimen chavista, pero no es una imprecisión afirmar que lo primero pesó más que lo segundo.
A lo anterior se suman las consideraciones prácticas, que comienzan con la imposibilidad de realizar deportaciones masivas o clausurar una frontera de 2.219 kilómetros de extensión, en donde abundan los pasos ilegales. Tal como pasa en diversos lugares del planeta, el hambre no se detiene ante un uniforme o la amenaza de una sanción.
Por lo tanto, tenía todo el sentido aceptar la realidad y darles una salida digna a inmigrantes, que no tienen problema en asimilarse a una sociedad con la que comparten cultura e idioma. Esta comienza con la creación de un registro único y la entrega de un documento de identidad, fundamentales para que las autoridades cuenten con buena información y se puedan desarrollar políticas focalizadas.
De un plumazo, casi 1,8 millones de venezolanos –más los que lleguen en los próximos dos años a través de un puesto de control migratorio– tendrán despejada su situación
Así lo había previsto un documento Conpes aprobado en 2018, el cual instruía que se propusieran “figuras alternativas de flexibilización migratoria, eventualmente análogas a los modelos de protección temporal existentes en otros países”. Es evidente que aquí hay un hilo conductor que viene desde antes, por lo cual es imposible decir que el anuncio del lunes es algo que se cocinó de la noche a la mañana.
En contra de lo que dicen los sondeos, los especialistas consideran que el paso dado por Colombia fue el correcto. Marcela Meléndez, economista jefe del Pnud para Latinoamérica y el Caribe, afirma que esta “es una gran decisión, porque da las herramientas para poder incorporar a los venezolanos plenamente como parte de una sociedad de la que de hecho ya hacen parte, con la debida garantía de derechos”. Y agrega: “Pero reconocerlos no es solo necesario y generoso desde el punto de vista humanitario, también es inteligente de cara al futuro”. La voz de la evidencia.
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