EL VENEZOLANO COLOMBIA
Los trabajadores de la prensa en Venezuela han sufrido 162 ataques en los primeros seis meses del 2020 por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de los «colectivos», considerados como grupos parapoliciales por activistas de derechos humanos, informó este miércoles la oposición.
En total, 85 de esos casos ocurrieron desde el 13 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma decretado por el régimen de Nicolás Maduro para frenar la COVID-19, denunció Humberto Prado, nombrado por el líder opositor Juan Guaidó como comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas.
VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Según explicó Prado en una comparecencia y recoge un comunicado de su despacho, los trabajadores de la prensa han sido «amedrentados, detenidos ilegalmente y sometidos a desapariciones forzadas, lo que incurre en una seria violación de derechos fundamentales, principalmente, contra el derecho a la libertad de expresión», entre otros.
Por ello, subrayó que, al considerar «el aumento de la política represiva del régimen contra los comunicadores, el temor de las víctimas a denunciar los hechos y la falta de medios independientes que divulguen las violaciones a la libertad de prensa, la Comisión no descarta que el número de afectados sea mayor al reportado en este informe».
«Son alarmantes los altos niveles de impunidad que existen en el país, las agresiones y la violencia a las que recurren los atacantes y, principalmente, el papel cada vez más activo que tienen los líderes del régimen usurpador, quienes haciendo uso de las instituciones y medios de comunicación públicos han fomentado la persecución contra la libertad de prensa», dijo.
DETENCIONES ARBITRARIAS, HOSTIGAMIENTO Y CENSURA
Entre los principales ataques sufridos por los comunicadores están las detenciones arbitrarias, los actos de hostigamiento y la censura de medios de comunicación.
Según Prado, en cada caso, el Gobierno de Maduro actuó de un modo diferente, ya que en ocasiones «permaneció pasivo e indiferente, demostrando su falta de voluntad para impedir la comisión de actos y sancionar a los responsables».
En concreto, el informe que acompaña la denuncia de Prado muestra que, desde el inicio del estado de alarma y hasta el 30 de junio, han contabilizado 29 detenciones arbitrarias de trabajadores de la prensa.
«Estas detenciones son calificadas como tal por no cumplir con la exigencia de una orden judicial previa ni por tratarse de casos donde existió comisión flagrante de delito. El único motivo de su ejecución obedeció a la búsqueda y/o difusión de información que, en el primer mes del estado de alarma, estuvo relacionada con la dimensión del COVID-19 y su impacto en el país», reza el informe.
INCREMENTO DE AMENAZAS
Asimismo, sostiene que, tras la declaración del estado de alarma, «hubo un incremento en las acciones de amedrentamiento» contra los periodistas, con un total de 45 casos.
«De estas conductas que podrían constituir evidentes casos de censura previa contra la prensa libre y autónoma, se percibieron los mismos móviles mantenidos en las detenciones arbitrarias, es decir, la emisión o búsqueda de información u opiniones y la denuncia activa contra la situación deplorable de los servicios básicos», sostienen.
Acerca de los casos de censura directa, el informe explica que, «debido a presiones del Gobierno ilegítimo», que considera ejerce Maduro, o «a la actuación arbitraria de funcionarios» de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), al menos 16 programas, emisoras de radio y, en general, medios de comunicación han sido sacados del aire.
«En algunos de los casos, el motivo para su cancelación se debió a medidas adoptadas en el marco de la cuarentena, las cuales evidentemente no tomaron en cuenta la importancia de los medios de comunicación para la transmisión de información asociada a la pandemia», concluye el informe.
