El padre Ramiro Muñoz Gómez, defensor del Pueblo de Arauca, no oculta una sonrisa de burla cuando le hablan de que el Gobierno colombiano o el venezolano “han decretado el cierre de la frontera”. Afirma que eso demuestra el desconocimiento que las autoridades nacionales tienen de la realidad que se vive en esa zona, la más olvidada, informal y la que menos controles migratorios tiene.
“Acá hay solamente dos pasos fronterizos –explica, con algo de ironía–: uno, el legal, es el puente José Antonio Páez y casi nadie lo usa. El otro es todo el río Arauca, desde Cubará (Boyacá) hasta el corregimiento El Caracol, en Venezuela”. Son 300 kilómetros compartidos entre ambos países y que se pueden pasar prácticamente sin Dios ni ley. “Cuando cierran la frontera, cierran el puente. El resto, sigue pasando como si nada”, cuenta.Detalles de una travesía
Ir de Arauca, en el lado colombiano, a El Amparo, en territorio venezolano, es de una facilidad inverosímil. Basta ir hasta el Malecón, buscar a cualquiera de los lancheros que cada dos minutos salen en unas embarcaciones multicolores, largas y angostas, con capacidad para, al menos, 20 personas, pagar dos mil pesos, recorrer un trayecto de menos de cinco minutos y listo. Se cambia de país. Nadie pide papeles, nadie revisa.
En diciembre de 2019, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Arauca era el departamento con la tasa más alta de refugiados venezolanos en todo el país: 17,5% respecto a la población local. Y su capital tiene registrados, a septiembre de 2019, un total de 24.989 personas venezolanas. Es decir, el 26,8 % de los habitantes del municipio provienen del país vecino.
Del lado venezolano de la frontera, hay un puesto con dos oficiales de la Guardia venezolana que poco se esfuerzan por controlar el tránsito. Y del lado colombiano, una instalación de Policía con unos pocos hombres, aunque armados con fusiles de asalto, que tampoco hacen mucho. La presencia estatal es nula.
Algunos desembarcan para quedarse (con vocación de permanencia) y otros para abastecerse y regresar a su país (pendulares). Muchos, sin dinero ni trabajo, montan tiendas y cambuches en la ribera del río. No tienen pasaportes, no ingresan por vías legales, no saben cómo acceder a salud, educación, alimentación. Nada.
Son casi fantasmas que podrían no hacer parte de las estadísticas oficiales. En el Puesto de Control Migratorio, el puente internacional José Antonio Páez, se registraron 481.073 entradas y 419.549 salidas. Pero el verdadero tránsito está en los 24 pasos informales a lo largo de los 396 kilómetros de frontera.
Y lo más preocupante es que son vulnerables al extremo.
Refugiados de Venezuela en la frontera de Arauca.
El defensor del Pueblo y los pobladores de la zona saben que el territorio del Malecón es controlado fuertemente por la guerrilla del Eln. De civil, como si fueran pobladores normales y no miembros de un grupo armado ilegal, se pasean por la zona vigilando cada movimiento.
Hasta septiembre de este año, señala Acnur, hubo 134 homicidios, de los cuales 22 víctimas fueron de nacionalidad venezolana. De hecho, Arauca tiene la tasa de homicidios más alta del país: 43,2 por cada 100.000 habitantes.
Funcionarios de organismos internacionales señalan que los hombres del Eln controlan los ingresos, la cantidad de personas que pueden acampar en los malecones, la mercancía que se puede pasar y hasta los turnos para recoger basuras. Llama la atención que, pese al flujo constante de comerciantes, refugiados y locales, el lugar permanece aceptablemente limpio.
“Ellos llegan a una realidad que no les compete, a un conflicto que no conocen. Y terminan reclutados. Cuando llegan, les ofrecen trabajo en el grupo y, por 700.000 pesos, se los llevan con ellos. Terminan como miembros de las guerrillas”, dice un trabajador de uno de los organismos humanitarios de la zona.
La Defensoría ha alertado ya sobre esta situación a través de su Sistema de Alertas Tempranas. Allí da cuenta de cómo los refugiados terminan en grupos armados ilegales o son asesinados si infringen las normas forzosas de estos grupos, como toques de queda en algunas zonas.
“Acá no hay presencia estatal. Pero ese vacío lo han llenado, en gran parte, el trabajo de los personeros. Son ellos quienes se han puesto la camiseta para defender a los refugiados y retornados. Valoramos mucho su trabajo”, señala el defensor.
Ellos (los venezolanos) llegan a una realidad que no les compete, a un conflicto que no conocen. Les ofrecen $ 700.000 y se los llevan como miembros de las guerrillas.
Defendiendo a refugiados
Los personeros de los municipios de Arauca son los únicos que ejercen la autoridad estatal frente a la población refugiada y retornada una vez desembarcan y ponen pie en territorio colombiano. Su trabajo es garantizar que tan pronto estén en el país tengan acceso a sus derechos básicos: salud, regularización de su situación migratoria, acceso a educación.
Con el apoyo de Acnur se creó, en 2016, la Red de Protección de Personeros de Frontera, que incluye a las personerías de Arauca, Arauquita, Saravena, Tame, Cubaral y Puerto Carreño. No fue solo unirse, sino también crear un esquema de trabajo en el que el personero está apoyado de tiempo completo con un abogado versado en temas migratorios y de derechos humanos. Además, se creó la figura del monitor de frontera, encargado de recorrer la zona y detectar los casos urgentes.
También están los comités locales de frontera, ciudadanos voluntarios que se convierten en el enlace entre los recién llegados y los funcionarios. Los ven llegar, los abordan y los guían para que obtengan ayuda. Muchas veces, el monitor detecta las situaciones más apremiantes, gracias a la labor de los comités locales. Un trabajo coordinado entre comunidad y personerías.
La monitora de frontera de Arauca se llama Sirley Olivares. Desde muy temprano en la mañana hasta el final de la tarde, Sirley recorre a pie, de lado a lado, el Malecón. Todos la reconocen. Locales y migrantes. Ella es la cara más visible de la presencia estatal en el río Arauca. Y tiene olfato para saber dónde es urgente su presencia. Ese día, un caluroso martes de octubre, se encontró, escondida entre la vegetación, en una hamaca, a una bella joven venezolana.
Delgada, alta, de piel morena y ojos negros, lucía asustada. No sabía muy bien qué hacía ahí y se le veía el miedo en los ojos. Sirley se le acercó y le pidió su nombre. Lo dijo suavemente. Era menor de edad y estaba sola. Aseguró que venía “con un amigo”, al tiempo que señaló a un hombre malencarado, que se apartó. Entonces, Sirley activa la alarma. Y desde ese momento comienza todo el protocolo de protección, de restablecimiento de derechos, de apoyo en salud, educación y en derecho a través de la Red de Personeros de Frontera.
Una vez identificada la necesidad del refugiado por la monitora, los personeros ponen a disposición las rutas para restablecer los derechos. Individualizan cada caso y los asesoran, gracias a la capacitación de Acnur y de la ONG Opción Legal, en temas jurídicos. Y ese es, precisamente, el punto clave y la novedad de esta red.
El personero y su abogado se encargan de visibilizar el caso ante las autoridades y de adelantar los procesos de restablecimiento de derechos, a través de tutelas, para garantizar el acceso a salud y educación. Incluso, llegan hasta a impulsar procesos para quienes quieren acceder al estatus de refugiados en el país.
Una vez identificada la necesidad del refugiado, los personeros individualizan cada caso y los asesoran, gracias a la capacitación de Acnur y de la ONG Opción Legal, en temas jurídicos.
En total, en 2019, la Red adelantó 1.168 acciones jurídicas entre enero y octubre. De ellas, la mayoría (870) fueron acciones de tutela, de las cuales 670 lograron dar acceso a controles prenatales a las mujeres gestantes. Ese es, quizá, el derecho más vulnerado para la población que llega de Venezuela, dice el funcionario.
“Queremos ir más allá –enfatiza la personera de Arauca, Xiomara Sánchez–. Decidimos empezar desde 2018 a trabajar en litigio estratégico. Es decir, crear a partir de ciertos casos acciones mayores que permitan transformar el derecho y generar sentencias en las altas cortes”. Y cuenta cómo la alta cantidad de tutelas sobre derechos del embarazo en Arauca llamó la atención de la Corte Constitucional.
“El hecho de tener 870 tutelas, la mayoría sobre embarazo, caló en la Corte, que seleccionó una de ellas, en Saravena, como base de una sentencia de unificación en la que se reconocieron los derechos de la población refugiada en estado de embarazo”, señala Juan Carlos Villate, personero de Tame.
Y agrega que, también gracias a la Red, Arauca es el único departamento donde todavía se puede lograr la expedición del Permiso Especial de Permanencia (PEP), el documento más importante para la población migrante venezolana a la hora de reclamar derechos o buscar trabajo.
“El 27 de abril cerró el sistema, pero nosotros hemos logrado, vía tutelas, que quienes no lograron su PEP en esa fecha puedan tenerlo. Hemos argumentado el contexto rural e invocamos el principio de reunificación familiar. Es decir, que la familia que llega siguiendo al padre o a la madre también pueda expedirlo en igualdad de derechos. Esa línea la llevaremos a las altas cortes. Ya radicamos, además, una demanda de inconstitucionalidad de la norma que impone el término para expedir este permiso”, dice Villate.
Actualmente, la Red de Personeros de Frontera prepara un caso para conseguir, ante la Corte Constitucional, el reconocimiento de los refugiados como víctimas del conflicto armado.
Esto, para ellos, es un avance fundamental, casi un punto de honor por el que lucharán este año.
Con información de El Tiempo
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