EL VENEZOLANO COLOMBIA
Las recientes elecciones regionales en Venezuela, realizadas el 25 de mayo, consolidaron el poder territorial del chavismo en un proceso caracterizado por la escasa concurrencia a las urnas, la exclusión de los principales partidos opositores y denuncias de ventajismo.
El oficialismo, liderado por Nicolás Maduro, obtuvo el control de 23 de los 24 estados, en una jornada electoral cuestionada por su transparencia y legitimidad.
Un mapa teñido de rojo
Con el respaldo del Consejo Nacional Electoral (CNE), de perfil claramente favorable al Gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró recuperar regiones emblemáticas como Barinas, Zulia y Nueva Esparta. Incluso la recién anexionada Guayana Esequiba, zona en disputa con Guyana, fue atribuida al chavismo, pese a que su control efectivo aún no existe.
El único estado que escapó a este dominio fue Cojedes, donde el opositor Alberto Galíndez logró imponerse, convirtiéndose en la excepción en un panorama electoral dominado por el oficialismo.
Participación escasa y control institucional
La jornada electoral se desarrolló con un bajo nivel de participación ciudadana. Según reportes de medios independientes como El Pitazo, los centros de votación lucieron vacíos en diversas regiones del país. A pesar de ello, el CNE extendió el horario de votación y proclamó la victoria del PSUV como «irreversible», con el 93% de los centros de votación procesados.
Desde el oficialismo, Maduro celebró los resultados asegurando que, pese a sanciones y bloqueos, el movimiento bolivariano continúa fuerte y vigente. Sin embargo, las cifras de abstención y el contexto represivo contradicen su narrativa triunfalista.
Presión social como herramienta política
Numerosos votantes afirmaron haber acudido a las urnas por temor a perder beneficios sociales, como bonos o cajas de alimentos. Funcionarios públicos, beneficiarios de programas asistenciales y adultos mayores señalaron haber sido presionados para participar, sin conocer siquiera a los aspirantes.
Líderes comunitarios del chavismo supervisaron la movilización de electores, evidenciando el uso de estructuras del Estado para asegurar la asistencia mínima requerida, reforzando el control social sobre sectores vulnerables.
Una oposición silenciada y fragmentada
La mayoría de los partidos opositores no participó en estas elecciones, denunciando un proceso diseñado para excluirlos. María Corina Machado, referente del antichavismo, calificó la jornada como una manifestación de desobediencia ciudadana, asegurando que más del 85% del electorado optó por no votar.
Desde el exilio, Edmundo González Urrutia acusó al régimen de mantenerse en el poder a través de métodos autoritarios, mientras que Primero Justicia agradeció a los ciudadanos que se abstuvieron, tildando la jornada de “farsa electoral”.
Dominio político sin respaldo popular
Los comicios del 25 de mayo sirvieron al oficialismo para reforzar su presencia territorial, aunque a costa de una participación reducida y un entorno cargado de intimidación. Si bien el mapa muestra una victoria abrumadora del chavismo, la falta de competencia real y la escasa legitimidad popular debilitan la validez democrática de estos resultados.
