EL VENEZOLANA COLOMBIA
Una grave acusación sacude a la comunidad venezolana en el exterior. La Fundación Apolo presentó una denuncia penal ante la justicia argentina para que se investigue el funcionamiento de una presunta red de espionaje y amedrentamiento operada desde Venezuela.
Esta estructura, señalan los denunciantes, se dedicaría a hostigar a ciudadanos que rompieron vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y buscaron refugio en países de la región.
Un mecanismo coordinado para vigilar opositores
Según la denuncia, esta organización actuaría como una red transnacional con capacidad para rastrear, intimidar y seguir a exfuncionarios o críticos del régimen chavista. El eje del documento judicial es el caso de José Zambrano Erazo, hijo de una antigua integrante del Ministerio de Cultura venezolano, quien habría sido blanco de persecución durante su residencia en diversos países, incluida la Argentina.
El relato detalla hechos de acoso sistemático que van desde mensajes intimidatorios hasta vigilancias físicas, con énfasis en episodios ocurridos en Buenos Aires entre 2018 y 2024. En uno de los casos más inquietantes, Zambrano recibió una nota manuscrita en su casa advirtiéndole que conocían sus rutinas diarias.
La Operación Tun Tun y la lista negra del chavismo
El nombre de Zambrano figuraría en una lista de supuestos enemigos del régimen, parte de la llamada “Operación Tun Tun”, una estrategia impulsada por el dirigente Diosdado Cabello para neutralizar a opositores. Esta clasificación lo habría convertido en objetivo de una estructura con acceso a información privada y capacidad de movilización en diferentes territorios.
La denuncia afirma que el joven fue seguido incluso después de que su pareja viajara a Estados Unidos por razones humanitarias. Poco después de su despedida en el aeropuerto, Zambrano recibió un mensaje que sugería conocimiento detallado de sus movimientos y situación migratoria.
Paralelismos con otros casos en la región
El escrito presentado por la Fundación Apolo no considera este un caso aislado. Cita como antecedente el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile, crimen que la fiscalía de ese país vincula con móviles políticos y posibles nexos con el Tren de Aragua. Estos hechos refuerzan la tesis de una red clandestina que actúa en múltiples países con métodos similares.
Un llamado a la justicia internacional
La presentación invoca instrumentos jurídicos internacionales, como el Estatuto de Roma y la Convención de Palermo, para argumentar que estas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Los denunciantes piden a la justicia argentina investigar a fondo la estructura detrás de estos actos, ya que no solo amenazan a los exiliados venezolanos, sino que violan principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos.
