EL VENEZOLANO COLOMBIA
La nueva modalidad de detención, que involucra la presencia de agentes estatales en coordinación con ICE, ha alarmado a juristas especializados en migración. Los profesionales señalan que muchos de sus representados, aun habiendo cometido faltas menores y estando en libertad bajo vigilancia, son citados por los oficiales estatales solo para ser entregados a la agencia federal de inmigración.
Según el abogado Adam Crayk, esta práctica representa una traición al proceso legal: “Les piden que se presenten y, al hacerlo, los detienen sin advertencia previa”. Esta situación, además de generar temor, ha provocado una ruptura en la confianza entre los migrantes y el sistema judicial.
El dilema de asistir a citas legales
Frente a esta coyuntura, muchos abogados se encuentran en una encrucijada: ¿deben recomendar a sus clientes que acudan a sus compromisos con la justicia sabiendo que pueden ser arrestados?
La respuesta, según varios juristas, depende de cada caso. “La decisión queda en manos del migrante”, explicó Crayk, señalando que aunque la ley debe cumplirse, el riesgo actual impone un peso adicional a esa responsabilidad.
Las autoridades justifican la medida
Desde el Departamento Correccional de Utah, el vocero Glen Mills aseguró que no se trata de una estrategia nueva, sino de una práctica sostenida desde hace una década: compartir con ICE los nombres de los supervisados. “No hay cambios recientes ni planes de modificar esa política”, afirmó.
Por su parte, ICE defendió sus acciones alegando que las personas en libertad condicional son consideradas “criminales convictos” por la ley federal, y por tanto, siguen siendo sujetos a deportación. Según la agencia, esta política busca prevenir la reincidencia y reforzar la seguridad pública.
Consecuencias sociales y legales
La aplicación de estas tácticas ha incrementado el clima de inseguridad en comunidades migrantes. Muchos individuos temen que presentarse ante las autoridades judiciales pueda convertirse en una sentencia de expulsión inmediata. Para los defensores, esta dinámica no solo vulnera derechos, sino que pone en riesgo el debido proceso.
Mientras el debate se intensifica, abogados y activistas exigen transparencia y límites a la cooperación entre agencias estatales y federales, alertando sobre el impacto humano de estas medidas que, lejos de resolver, podrían agravar el problema migratorio en el país.
