EL VENEZOLANO COLOMBIA
El juez federal James Boasberg, con sede en Washington DC, advirtió la posibilidad de declarar al gobierno del presidente Donald Trump en desacato por haber ejecutado la expulsión de más de 200 migrantes, en su mayoría ciudadanos venezolanos, hacia El Salvador, a pesar de una orden judicial que buscaba impedir esa acción.
Durante una audiencia reciente, el magistrado expresó dudas sobre la legitimidad del procedimiento y la intención detrás de las decisiones adoptadas por la administración estadounidense en ese momento. Los hechos han generado una fuerte controversia en los círculos legales y humanitarios del país.
Invocación de norma del siglo XVIII para justificar expulsiones
El pasado 14 de marzo, el entonces mandatario Donald Trump apeló a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —una legislación rara vez utilizada— para respaldar la deportación de varios cientos de venezolanos. La mayoría fueron acusados, sin juicio previo, de estar vinculados a la organización delictiva Tren de Aragua.
Un día después, el juez Boasberg dictó una medida que suspendía la aplicación de esa ley en este caso específico, mientras dos aviones ya se dirigían hacia Centroamérica con los migrantes a bordo. A pesar del fallo, los vuelos llegaron a su destino en El Salvador.
Críticas por presunto ocultamiento y aceleración de procesos
Durante la audiencia, Boasberg cuestionó con severidad al abogado del gobierno por la rapidez con la que se ejecutan las expulsiones. El juez sugirió que hubo una intención deliberada de evitar la intervención de los tribunales y que la administración pudo haber accionado con falta de transparencia.
“Si creían que el procedimiento era legal, no habrían accionado con tanta urgencia”, afirmó el juez, dejando entrever que la acción pudo haber sido premeditada para eludir el control judicial.
Migrantes detenidos sin contacto con sus familiares
Mientras la polémica legal avanza, familiares de los deportados han denunciado la falta de información sobre el desfile de sus seres queridos. Según testimonios recogidos por organizaciones defensoras de derechos humanos, muchos de los expulsados no tenían antecedentes penales y fueron arrestados sin explicación clara.
Varias familias aseguran que desde el traslado no han podido comunicarse con los migrantes, quienes habrían sido confinados en centros de detención en territorio salvadoreño, sin acceso a asistencia legal ni visitas.
Escalada política y amenazas judiciales
El conflicto también ha adquirido matices políticos. El expresidente Trump, en declaraciones públicas, insinuó la posibilidad de llevar al juez Boasberg a un juicio político, intensificando así el tono de la confrontación entre poderes.
Mientras tanto, organizaciones civiles y defensores de migrantes continúan exigiendo que se garantice el debido proceso a las personas afectadas y que se investigue la responsabilidad institucional en lo que muchos consideran una violación a los derechos fundamentales.
