EL VENEZOLANO COLOMBIA
En las últimas semanas, tres presos políticos venezolanos perdieron la vida mientras se encontraban bajo custodia estatal. Las víctimas, Jesús Manuel Martínez, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González, fallecieron en circunstancias que han generado denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de organizaciones y activistas. Los familiares de los fallecidos claman por justicia y exigen esclarecer las causas de estas tragedias.
Un patrón de muertes bajo custodia estatal
Las recientes defunciones de presos políticos en Venezuela elevan a 22 el número de fallecidos bajo detención desde el año 2015. Jesús Manuel Martínez, testigo electoral opositor, fue apresado tras los comicios del 28 de julio. Durante su reclusión, padeció severos maltratos y complicaciones de salud debido a su diabetes no atendida a tiempo. Finalmente, murió el 14 de noviembre mientras era trasladado tardíamente a un centro hospitalario.
Por su parte, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González murieron en la cárcel de Tocuyito, una de las más peligrosas del país. En el caso de Álvarez, detenido junto a su esposa, las autoridades no informaron los detalles de su caída y presionaron a los familiares para su cremación. González, quien compartía prisión con su hijo de 19 años, presuntamente sufrió complicaciones derivadas de hepatitis sin recibir atención médica oportuna.
Familiares claman por respuestas y justicia
Las familias de las víctimas han denunciado las condiciones inhumanas en las que se encuentran los detenidos por motivos políticos. A las afueras de los penales, madres, hijos y esposos exigen justicia y transparencia. La madre de González, entre llantos, pidió explicaciones sobre la muerte de su hijo, mientras el hijo de Álvarez, detenido brevemente cuando acudió a recoger el cuerpo de su padre, pidió la liberación inmediata de su madre aún recluida.
Estas tragedias han evidenciado la crítica situación del sistema penitenciario venezolano, donde predomina la desatención médica, el hacinamiento y las prácticas abusivas hacia los reclusos.
Persecución y denuncias de activistas
La activista Andreína Baduel, hija del general Raúl Baduel, fallecido en prisión en 2021, denunció ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) un “patrón sistemático de torturas y persecución” hacia los presos políticos y sus familias. Andreína, quien también lucha por la liberación de su hermano, preso desde 2020, insistió en la necesidad de una investigación independiente sobre las muertes ocurridas en prisión.
Organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal han respaldado estas denuncias. La ONG informó que existen actualmente 1.913 presos políticos, la mayoría encarcelados después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Aunque la Fiscalía anunció la liberación de 533 detenidos recientemente, los abusos y las condiciones precarias persisten en el sistema judicial y penitenciario del país.
Sistema penitenciario bajo escrutinio
Ante los constantes señalamientos, el régimen de Nicolás Maduro aún no ha emitido un pronunciamiento sobre las recientes muertes. Las denuncias nacionales e internacionales incrementan la presión para que el Estado responda y adopte medidas que garanticen los derechos humanos de los privados de libertad.
Las muertes de Jesús Manuel Martínez, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González revelan las graves falencias del sistema penitenciario venezolano y la vulneración sistemática de derechos fundamentales. Familiares, activistas y organizaciones exigen justicia, atención humanitaria y el cese de las prácticas de persecución y tortura contra los considerados presos políticos. Las respuestas del gobierno determinarán si se avanzará hacia la transparencia o si continuarán las denuncias de impunidad.
