EL VENEZOLANO COLOMBIA
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció nuevas medidas de control sobre las remesas enviadas por migrantes venezolanos residentes en el país. Esta política, enmarcada dentro de una serie de ajustes migratorios, surge como respuesta a las crecientes denuncias que vinculan a algunos migrantes con actividades delictivas.
Según lo señalado por la mandataria, el gobierno realizará un seguimiento exhaustivo del origen de los ingresos de los migrantes y exigirá que presenten contratos laborales que demuestren su empleo legal en el país. Además, aquellos que no puedan justificar sus ingresos serán objeto de sanciones, y los extranjeros involucrados en actos criminales serán expulsados.
Seguimiento de las remesas: control financiero a los migrantes
Uno de los puntos clave de las nuevas medidas anunciadas por Boluarte es el monitoreo del envío de remesas al extranjero por parte de la comunidad venezolana en Perú. En una conferencia de prensa, la presidenta explicó que se implementará un sistema de control para rastrear el flujo de divisas que los migrantes envían fuera del país. Este seguimiento tiene como objetivo garantizar que los fondos enviados provengan de fuentes legítimas y, según la mandataria, permitirá detectar posibles casos de actividades ilícitas o de ingresos no declarados.
Con esta iniciativa, el gobierno busca tener un mayor control sobre las finanzas de los migrantes venezolanos, especialmente en un contexto donde se ha señalado a algunos por su presunta vinculación con delitos. La medida ha generado reacciones diversas, con quienes apoyan la estrategia para combatir la delincuencia y quienes critican lo que consideran un enfoque que generaliza a toda una comunidad.
Justificación de empleo lícito
Además del control de remesas, Boluarte informó que los venezolanos residentes en Perú deberán presentar contratos de trabajo que certifiquen que sus actividades laborales son legales. Esta exigencia busca garantizar que los migrantes se encuentren en situación regular y que sus ingresos provengan de empleos formales. “Vamos a exigir que presenten sus contratos de trabajo para probar que están trabajando de manera lícita”, afirmó la mandataria durante su intervención.
La medida no solo se orienta a regularizar la situación laboral de los migrantes, sino también a fortalecer la seguridad interna, ya que el gobierno ha asociado el incremento en algunos delitos con la migración irregular. En este sentido, Boluarte subrayó que aquellos que no puedan demostrar el origen de sus ingresos serán sancionados, sin especificar aún las penalidades exactas.
Expulsión de delincuentes extranjeros
En línea con estas nuevas políticas migratorias, la presidenta de Perú reafirmó su intención de expulsar del país a los migrantes extranjeros que se encuentren involucrados en actividades delictivas. Esta medida ya había sido mencionada en declaraciones anteriores, pero Boluarte fue enfática al destacar que los criminales no tendrán cabida en Perú. «A aquellos que no respondan de manera cierta sobre sus ingresos, vamos a aplicar la ley», declaró en un tono firme.
El gobierno peruano ha recibido críticas por la forma en que aborda el tema migratorio, especialmente en lo relacionado con los venezolanos, quienes constituyen una de las principales comunidades migrantes en el país. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de estigmatización, recordando que la mayoría de los migrantes son personas que buscan mejores condiciones de vida y no están involucradas en actividades ilícitas.
El anuncio de la presidenta Dina Boluarte sobre las nuevas medidas de control financiero y laboral para los migrantes venezolanos en Perú marca un cambio significativo en la política migratoria del país. Mientras el gobierno busca combatir la delincuencia y regularizar la situación de los migrantes, estas acciones han suscitado preocupación por sus posibles efectos sobre la comunidad venezolana en Perú, especialmente en términos de estigmatización y acceso a medios lícitos de sustento.
