EL VENEZOLANO COLOMBIA
En medio de la tensión política que atraviesa Venezuela tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia han lanzado un llamado urgente a las fuerzas armadas y policiales del país. Ambos líderes exhortan a los miembros de estos cuerpos a ponerse del lado del pueblo, a rechazar las órdenes represivas del gobierno de Nicolás Maduro, y a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
Llamado a la conciencia de las Fuerzas Armadas
En un comunicado publicado el 5 de agosto en redes sociales, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hicieron un llamamiento explícito a militares y policías para que se alineen con el pueblo venezolano en este momento crucial. La oposición venezolana ha denunciado un fraude electoral masivo en las elecciones del 28 de julio, en las que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro fue reelecto. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura que el verdadero ganador fue González Urrutia. Ante esta situación, los líderes opositores han expresado su preocupación por la represión que ha seguido a las protestas en contra de la proclamación de Maduro.
El comunicado subraya que es el deber de los militares y policías evitar la represión de los ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente. «Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato», insisten Machado y González, quienes también pidieron a las fuerzas de seguridad «respetar y hacer respetar los resultados de las elecciones», sugiriendo que el alto mando militar, al alinearse con Maduro, está actuando en contra del orden constitucional del país.
Denuncia internacional y respuesta del régimen
Las denuncias de fraude no solo han sido una constante dentro de Venezuela, sino que también han encontrado eco en la comunidad internacional. Países como Estados Unidos, Argentina y otras naciones de América Latina y Europa han manifestado su apoyo a la oposición venezolana, lo que ha intensificado la presión sobre el gobierno de Maduro. Ante estas denuncias y el creciente descontento popular, el régimen ha lanzado una ofensiva en contra de líderes opositores, testigos electorales y ciudadanos comunes, en un intento por silenciar las voces disidentes y mantener el control.
En su comunicado, Machado y González señalan que la brutalidad del gobierno contra quienes se oponen a la proclamación de Maduro es una violación masiva de los derechos humanos. Además, acusan al alto mando militar de convertirse en cómplice de Maduro, describiendo las acciones del régimen como un golpe de Estado que desafía la constitucionalidad de la nación.
Llamado a la familia de los militares
Machado y González no se limitaron a dirigirse directamente a los miembros de las fuerzas armadas y policiales, sino que también instaron a los venezolanos que tienen familiares en estos cuerpos a exigirles que no repriman a los ciudadanos y que desconozcan órdenes ilegales.
«El nuevo Gobierno de la República, electo democráticamente por el pueblo venezolano, ofrece garantías a quienes cumplan con su deber constitucional», afirman en su mensaje, subrayando que no habrá impunidad para aquellos que actúen en contra del pueblo.
Reacción del Gobierno
Como era de esperar, la respuesta del régimen no se hizo esperar. El Ministerio Público de Venezuela, encabezado por el fiscal Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación penal en contra de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El fiscal calificó el comunicado de los líderes opositores como un atentado contra la paz de la nación, y aseguró que se investigarán múltiples delitos relacionados con este llamado a las fuerzas armadas.
Esta reacción del gobierno, lejos de intimidar a la oposición, parece haber reforzado su determinación de seguir luchando por lo que consideran una causa justa: el respeto a la voluntad popular y la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
El llamado de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia a las fuerzas armadas y policiales de Venezuela se enmarca en un contexto de profunda crisis política y social. Con un régimen que se mantiene en el poder a pesar de las denuncias de fraude y la creciente presión interna e internacional, la posición de las fuerzas de seguridad podría ser determinante para el futuro del país. Mientras tanto, la investigación anunciada por el Ministerio Público añade una nueva capa de complejidad a una situación ya de por sí tensa y volátil.
