EL VENEZOLANO COLOMBIA | EL ESPECTADOR
Mientras un grupo significativo de colombianos sigue promoviendo la xenofobia, acusando a la población migrante venezolana de ser la responsable del aumento de la inseguridad en varias zonas del país, estudios muestran que esa población es la principal víctima de los delitos, especialmente en las zonas fronterizas.
Una investigación realizada por Brian Knight y Ana María Tribín, del National Bureau of Economic Research, que cruzó los datos de los municipios colombianos fronterizos desde el momento más álgido de la crisis migratoria hasta 2019, hizo hallazgos claves: resulta que los homicidios en Colombia sí aumentaron en áreas cercanas a la frontera con Venezuela, pero las víctimas no fueron colombianas sino venezolanas.
“Encontramos que hubo un aumento en los homicidios en municipios cercanos a los cinco cruces fronterizos después del cierre y posterior reapertura de la frontera en 2016. El aumento de la delincuencia cerca de la frontera alcanzó su cifra más alta durante 2018, cuando tanto la hiperinflación como la migración desde Venezuela también estaban en su apogeo (…). El aumento de homicidios en la región fronteriza fue impulsado por crímenes contra venezolanos y víctimas sin registro de nacionalidad, que conjeturamos involucra principalmente a inmigrantes indocumentados; no hay evidencia significativa de aumento en los homicidios contra colombianos”, señalan los investigadores Knight y Tribín.
En conclusión, “este resultado contradice los temores sobre los peligros de la migración, en los que se cree que los migrantes aumentan la inseguridad de los nativos”. A pesar de estos resultados, y de otros que demuestran que migración e inseguridad no están relacionadas, la Encuesta de Cultura Política (ECP), de 2019, reveló que el 75,7 % de la población no confiaba nada en personas de otra nacionalidad.
Según los resultados de la ECP, en 2019 el 6,1 % de la población manifestó que no quisiera tener de vecinos a inmigrantes o trabajadores extranjeros. El mismo sondeo mostró que durante la pandemia el grado de desconfianza hacia los migrantes creció: en las 23 ciudades principales del país el 83,2 % de la población aseguró confiar poco o nada en personas de otra nacionalidad entre julio de 2020 y febrero de 2021.
Ese miedo y rechazo al migrante ha llevado a que parte de la población venezolana en el país se convierta en blanco de los delincuentes. La Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en el transcurso del año 2021 emitió seis alertas sobre el riesgo que corren los venezolanos en varios municipios de departamentos como Norte de Santander, Vichada, Arauca, Casanare, Cundinamarca, Cesar y Magdalena.
La Defensoría también emitió 19 alertas tempranas, en 2020, donde se incluyó a migrantes venezolanos entre las poblaciones en riesgo. Este panorama da cuenta de los riesgos a los que se enfrentan los migrantes venezolanos en Colombia, que en ocasiones son compartidos con las comunidades de acogida en los distintos territorios del país, incluyendo zonas urbanas.
Los delitos contra los migrantes
Esta semana la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) presentó su boletín de octubre, en el que desnuda la terrible realidad que sufren los migrantes en el tema de seguridad. De acuerdo con ese informe, las graves violaciones a los derechos humanos causadas por hechos como desplazamiento, reclutamiento forzado, trata de personas, homicidio y desaparición forzada, que histórica y sistemáticamente han afectado a la población colombiana, ahora también impactan a las personas venezolanas migrantes y refugiadas.
Los datos del primer semestre de 2020 y el mismo período de tiempo de 2021 revelan que la población proveniente de Venezuela es víctima de delitos como lesiones personales, delitos sexuales y homicidios. “Para el 2021 se observa que el homicidio pasó a ocupar el segundo lugar seguido de delitos sexuales”, revela el informe “Graves violaciones de los derechos humanos a población proveniente de Venezuela en Colombia (Medellín, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla)”.
Cifras oficiales revelan que el delito que más se asocia con la migración es el hurto. Cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, una ciudad que acoge buena parte de la diáspora venezolana, con 393.316 migrantes, señalan que en 2018 fueron capturados 2.457 venezolanos inmigrantes; en 2019, 4.830, y en 2020, 3.903. Si se cruzan los datos, eso revela que apenas el 1 % de los migrantes en Bogotá están relacionados con actividades delictivas.
La Secretaría de Seguridad agrega que en la capital solo el 2 %de los hurtos a bogotanos involucra a migrantes. Con datos del año pasado: de los 82.169 hurtos denunciados, 1.645 involucrarían a ciudadanos venezolanos.
Los delitos sexuales
Capítulo aparte merecen los delitos sexuales. El Ministerio del Interior de Colombia indicó que en 2019 la explotación sexual fue el móvil del 74 % de los casos de trata de personas con venezolanos migrantes y que el 87 % de ese total estaba constituido por mujeres, adolescentes y niñas. El boletín de Codhes revela que el 17 % de los migrantes han sido víctimas de delitos sexuales en el primer semestre de 2021.
“Existen efectos exacerbados de ciertos delitos en grupos poblacionales específicos. Este es el caso para las mujeres, los niños y niñas, quienes son los mayormente afectados por los delitos sexuales”, según la información presentada por la Fiscalía General de la Nación.
Lo más preocupante de todo es la edad de las víctimas, pues el 65,9 %de los casos corresponden a menores de edad; el 75 % de ellos tiene trece años o menos. “Situaciones como la presencia en territorio colombiano de niñez no acompañada que está en tránsito o llega en busca de sus padres es uno de los factores que genera que la exposición al riesgo de ser víctimas de delitos sexuales sea más alta”, señala Codhes.
Según datos del portal Hijos Migrantes, para finales de 2020 había 1,9 millones de niños, niñas y adolescentes venezolanos en situación de movilidad y, para 2019, se calculaba que cerca del 55 % transitaba sin documentos. Y es justo no tener documentos lo que los expone a caer en redes de trata de personas y abuso sexual.
Y es que las mujeres y niñas están más expuestas a todo tipo de delitos. Un informe del sociólogo Jorge Galindo en el diario El País, de España, reveló que con base en cifras de 2020, una mujer venezolana en Colombia tenía el doble de probabilidad de morir de forma violenta que una colombiana, según datos de Medicina Legal, un riesgo un 39 % mayor de sufrir violencia en pareja y un 28 % de estar sometida a violencia sexual.
De acuerdo con datos de Save The Children, hay cuatro grupos de violencia sexual que afectan a las niñas migrantes, como la trata con fines de explotación sexual comercial, el intercambio de sexo por necesidades básicas y recursos, las uniones forzadas y tempranas o el matrimonio infantil con un hombre mayor, a menudo como estrategia para obtener protección, documentos legales, alimentos y apoyo económico de violencia basada en género en el contexto del hogar.
La trata de personas con fines de explotación sexual está creciendo especialmente hacia niñas y mujeres, señala Codhes. “Esa explotación sexual se concentra especialmente en mujeres, jóvenes y niñas con repercusiones sobre su grupo familiar, dado que muchas de estas mujeres son captadas e inducidas a la prostitución como resultado de las múltiples vulnerabilidades y necesidades económicas que enfrentan junto con sus familias”.
La situación para los migrantes masculinos tampoco es fácil. Entre el 1º de enero y el 30 de junio del 2021 se han registrado 362 homicidios, de los cuales el 88 % corresponde a hombres de nacionalidad venezolana y el 11,8 % a mujeres de ese país, indica la Policía Nacional. ¿Los motivos? Según datos oficiales, los matan principalmente por ajuste ilegal de cuentas, intolerancia social y venganza.
Pero mientras la crisis humanitaria continúe en Venezuela y no se abran totalmente los pasos fronterizos oficiales, el cruce de personas por las trochas continuará aumentando la inseguridad para la población migrante, que, de acuerdo con el último reporte de Migración Colombia, asciende a 1’842.390 migrantes venezolanos registrados, a corte de agosto, lo que supone 99.463 personas más que en enero pasado. Un incremento del 5,7 %.
Bogotá sigue siendo la ciudad con mayor concentración de población venezolana, con 393.316 migrantes, que son el 21,7 % del total, seguido de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander y Atlántico. Sin embargo, Medellín fue la ciudad con mayor incremento de población venezolana, con el 65 %; seguido de Cali, que tuvo un crecimiento del 41 %, y Bogotá, que experimentó un aumento del 16 %, entre los registros de enero y los de agosto de este año.
Desaparición forzada
El informe de Codhes, revela que este delito es especialmente complejo en el caso de los migrantes y alerta sobre las dificultades que enfrentan. “Las barreras de acceso a la denuncia, el temor a las represalias que enfrenta la población migrante forzada proveniente de Venezuela, el desconocimiento de las rutas de atención, los temores asociados a la situación migratoria irregular para quienes lo están y la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela limitan o impiden que los familiares de personas desaparecidas en Colombia logren comunicar el caso ante las autoridades correspondientes”.
La encuesta Pulso de la Migración (julio-agosto 2021) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al igual que otros estudios, descarta que exista una relación entre la migración y la inseguridad en 23 ciudades en donde se realizó el estudio. De acuerdo con los datos recogidos, “lo que estamos viendo es que el deterioro económico de los hogares y la percepción de deterioro son los que tienen una relación más marcada con la percepción de inseguridad”, señaló Juan Daniel Oviedo, director del DANE.
