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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la organización HelpAge International advierten que la pandemia de COVID-19 está poniendo en riesgo a las personas mayores refugiadas en América Latina, perjudicando su bienestar y limitando su acceso a derechos y servicios vitales.
Una evaluación conjunta en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú ha revelado que la pandemia está exacerbando las amenazas preexistentes a la salud física y mental, la nutrición, la autonomía financiera y el estatus legal de las personas adultas mayores refugiadas y otras personas en situación de movilidad humana.
La mitad de las personas entrevistadas reportó haber sufrido discriminación, mientras que un número preocupante describió incidentes de abuso.
“Las personas mayores que están en situación de desplazamiento forzado se han encontrado durante mucho tiempo en abandono y sin protección suficiente. Su plena inclusión en las respuestas nacionales a la pandemia, incluidos los programas de vacunación contra la COVID-19, es clave para salvaguardar su dignidad y sus derechos”, señaló José Samaniego, director del Buró Regional de ACNUR para las Américas.
La mayoría de las personas mayores encuestadas informaron que han tenido un acceso limitado a la atención médica durante la pandemia. El 42% no recibió tratamiento por problemas de salud previos y el 6% de las personas contagiadas con COVID-19 informó que no obtuvo la atención médica adecuada, de acuerdo a los datos del informe Un reclamo de dignidad: Vejez en la movilidad humana.
FALTA DE ALIMENTACIÓN
El acceso a los alimentos para las personas mayores en situación de movilidad humana también empeoró en todos los países objeto del estudio. Ya antes de la pandemia, una de cada cuatro personas mayores tenía que saltarse las comidas. Con la llegada de COVID-19, el 41% tuvo que reducir aún más su ingesta de alimentos.
Alrededor del 64% de las personas mayores entrevistadas no tenían ingresos mensuales antes de la pandemia. De quienes sí tenían ingresos, el 62% consideró que no eran suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
Pero la COVID-19 agravó aún más su situación económica, dejando a muchas más personas sin empleo. En Honduras y El Salvador, un tercio de las personas encuestadas informó que había perdido su trabajo. En los países de la región andina, fueron casi la mitad.
“Además de una mayor ayuda humanitaria, las personas mayores desplazadas necesitan más oportunidades de medios de vida para ser económicamente independientes”, agregó Samaniego.
A pesar del aumento de su vulnerabilidad, muchas de las personas entrevistadas aún tenían que actuar como sostén de sus hogares y cuidar de otros miembros de la familia, como niños y adolescentes (un 60%) y personas con discapacidad (un 5%).
LLAMADO A LA ACCIÓN
Por este motivo la agencia de la ONU para los refugiados se hace un llamado a la comunidad internacional para incluir a las personas mayores en situación de movilidad humana como un grupo prioritario en todas sus agendas, adaptando y financiando la estructura institucional que responda a sus necesidades.
Esto se debe traducir en respuestas y programas humanitarios que incluyan a las personas mayores en situación de movilidad humana como beneficiarias directas, que garanticen su dignidad, autonomía, independencia y participación, evitando intervenciones que las expongan a situaciones de dependencia, abuso y discriminación.
LA PROPUESTA:
Las personas mayores desplazadas forzosamente se han encontrado durante mucho tiempo con una protección insuficiente y con negligencia. Su inclusión completa en las respuestas nacionales a la pandemia es clave para salvaguardar su dignidad y derechos.
A parte de incrementar el apoyo humanitario, las personas mayores en situación de movilidad humana necesitan mayores oportunidades de medios de vida para ser financieramente independientes.
A nivel global, se hace un llamado a los Estados para que impulsen el proyecto de redactar y adoptar una Convención Internacional de Naciones Unidas para la Protección de las Personas Mayores, liderado por el Grupo de Trabajo de Composición Abierta.
A nivel regional, es importante que los Estados adhieran e implementen la Convención Inter-americana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, como marco legal vigente para todos los Estados americanos, adecuando sus ordenamientos internos a la luz de este instrumento y de otros marcos de protección pertinentes del Derecho Internacional y Regional de los Derechos Humanos.
