EL VENEZOLANO COLOMBIA
Human Rights Watch (HRW) entreg贸 a la Corte Penal Internacional (CPI) y a Naciones Unidas informaci贸n sobre 芦abusos aberrantes禄 supuestamente cometidos por el Gobierno del presidente venezolano, Nicol谩s Maduro, contra la poblaci贸n del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
En una entrevista con Efe, el director para las Am茅ricas de HRW, Jos茅 Miguel Vivanco, explic贸 que toda la informaci贸n que ha recopilado la ONG ya est谩 en manos de la Fiscal铆a de la CPI y de la Misi贸n Internacional Independiente de determinaci贸n de los hechos sobre Venezuela, creada por la ONU en 2019.
En concreto, la organizaci贸n ha entregado a esos dos 贸rganos internacionales un informe en el que documenta la ejecuci贸n extrajudicial de al menos cuatro campesinos de Apure, torturas, 13 detenciones arbitrarias y el procesamiento ante tribunales militares venezolanos de civiles a los que se les acusa de colaborar con grupos armados.
UN 芦PATR脫N DE CONDUCTA ABUSIVA禄
芦El an谩lisis de lo acontecido en Apure nos lleva a la conclusi贸n de que estos hechos son parte un patr贸n de conducta abusiva de las fuerzas de seguridad de Maduro. Esto no es distinto禄, afirm贸 Vivanco.
HRW enmarc贸 las acusaciones del informe en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el Gobierno de Maduro contra 芦grupos irregulares禄 en el estado de Apure.
El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inici贸 combates en Apure contra dichos grupos que las autoridades nunca identificaron, pero que HRW dice que son una escisi贸n de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC, conocida como el Frente D茅cimo Mart铆n Villa.
La FANB asegur贸 que la ofensiva dej贸 un saldo de 8 militares y 9 芦terroristas禄 fallecidos, as铆 como m谩s de 40 detenidos.
HRW alega en el texto que muchos de los arrestados 芦no eran miembros de grupos armados禄, sino de la poblaci贸n local, despu茅s de haber entrevistado a 38 personas huidas de Apure, adem谩s de a 30 abogados, peritos forenses, l铆deres comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.
Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Polic铆a Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsi贸n y Secuestro (CONAS).
EJECUTADOS CUATRO CAMPESINOS DE UNA MISMA FAMILIA
Los cuatro campesinos muertos eran de una misma familia y las FAES se los llevaron el 25 de marzo de su vivienda en La Victoria, indica el informe.
Sus cuerpos fueron encontrados a un kil贸metro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones 贸seas.
A petici贸n de HRW, unos peritos forenses analizaron fotograf铆as de los cuerpos y concluyeron que los campesinos parec铆an haber sido movidos del lugar donde murieron. Adem谩s, creen que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos fueron colocadas ah铆 para hacerlos parecer guerrilleros.
Emir Remolina, de 26 a帽os, reconoci贸 los cuerpos como los de sus padres, su hermano y su t铆o; y al menos 13 personas entrevistadas por HRW afirmaron que las v铆ctimas no eran guerrilleros 芦sino campesinos que hab铆an vivido y trabajado all铆 por m谩s de 15 a帽os禄.
Por otro lado, la organizaci贸n ha documentado la detenci贸n arbitraria de al menos 17 personas en la zona rural de La Capilla, aproximadamente a 6 kil贸metros de La Victoria.
Seg煤n la esposa de uno de los detenidos, agentes de las FAES cubrieron las cabezas de los arrestados con sus camisetas, los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.
En otras zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa, los agentes venezolanos 芦ingresaron por la fuerza en varias viviendas禄, sin una orden de allanamiento y detuvieron a sus residentes, en su mayor铆a campesinos, afirma el informe.
HRW BUSCA UNA INVESTIGACI脫N DE LA CPI Y LA ONU
Debido a la supuesta implicaci贸n de las fuerzas de seguridad venezolanas, Vivanco considera 芦imprescindible禄 que la Fiscal铆a de la CPI y la misi贸n de la ONU examinen la posible responsabilidad de comandantes y autoridades de alto nivel que podr铆an haber ordenado esos abusos.
Tambi茅n se debe identificar a quienes por su posici贸n en la jerarqu铆a militar o civil ten铆an el poder de haber prevenido esos abusos y no hicieron nada para evitarlos, a帽adi贸 Vivanco.
El a帽o pasado, la misi贸n de la ONU present贸 un informe en el que acus贸 al Gobierno de Maduro de haber cometido cr铆menes de lesa humanidad, mientras que la Fiscal铆a de la CPI se mostr贸 un poco m谩s cautelosa y se limit贸 a decir que hay 芦fundamentos razonables禄 sobre la comisi贸n de este tipo de delitos.
La comunidad internacional est谩 a la espera de que la Fiscal铆a de la CPI decida si inicia una investigaci贸n sobre Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, un tema sobre el que abri贸 un examen preliminar en febrero de 2018.
