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El mundo entero, desde la ONU al papa Francisco, aplaude la decisión de Colombia de regularizar la situación de los migrantes obligados a salir de Venezuela a causa de la crisis económica, social y humanitaria. El Estatuto Temporal de Protección, que contempla un registro y la entrega de permisos por diez años, genera altas expectativas, coinciden expertos consultados por DW.
“Es una señal poderosísima de Colombia, que se pone a la vanguardia en términos de gestión migratoria, y esperamos que tenga un efecto ejemplar en los países vecinos”, señala la politóloga Luicy Pedroza, profesora del Colegio de México y asociada del Instituto GIGA.
La decisión del Gobierno de Colombia de regularizar a más de un millón de migrantes venezolanos va en línea con el llamado de la Relatoría Especial sobre derechos humanos de los migrantes de la ONU “a asegurar la protección de los derechos de estas personas, especialmente en un contexto de tal gravedad como la pandemia actual”, dice Felipe González, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la ONU.
Colombia es el mayor receptor de migrantes venezolanos, con cerca de un tercio de los cinco millones que han salido del país, “por lo que su decisión es de enorme impacto y debiera servir de ejemplo para los demás Estados, en ninguno de los cuales existe una cantidad siquiera cercana de migrantes de dicho país de origen”, agrega González.
Julissa Mantilla, comisionada y relatora sobre personas migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confía que la medida “va a marcar un cambio importante en la aproximación que están teniendo muchos estados en la situación de personas venezolanas en situación de migración y refugio”.
UN EJEMPLO AISLADO DE SOLIDARIDAD Y PRAGMATISMO
Colombia tiene una larga historia común de migración con Venezuela, pero en este caso no solo la motiva un sentido de reciprocidad. “La pandemia convierte este asunto en una prioridad para la salud pública. Es un momento de coyuntura muy importante para promover la idea de que a todos les conviene tener un control migratorio, sin lo cual la estrategia de manejo de la pandemia de toda la población puede resultar poco efectiva”, indica Pedroza.
La regularización supone un beneficio para ambas partes. Evita el riesgo que implica intentar ingresar ilegalmente a un país y, al tener papeles y poder identificarse, los migrantes son menos vulnerables a la acción de grupos criminales. Para el Estado, el saber quiénes son y dónde están, permite orientar políticas y aprovechar el potencial de los refugiados.
“Lamentablemente, en la mayoría de los países sudamericanos la tendencia ha sido la opuesta, incrementándose severamente las restricciones para la movilidad venezolana”, constata González.
Los países han asumido la llegada de inmigrantes, evitando promover un efecto llamada a través de permisos demasiado generosos. Y la intención inicial de abrir las puertas, aunque fuera por medio de permisos especiales, se ha ido limitando en el tiempo.
Si bien, en el discurso, algunos gobiernos han apoyado la causa de la oposición a Nicolás Maduro, a la hora de recibir a los venezolanos no tienen la misma actitud. “Chile está ahora dando el ejemplo totalmente contrario a Colombia, deportando poblaciones que intentaban moverse por tierra”, ejemplifica Pedroza.
La imagen de la fila de migrantes vestidos con overoles blancos, subiendo a un avión, fuertemente custodiados por policías, dio una clara señal, junto con los dichos del canciller chileno -posteriormente desmentidos- de que los migrantes no recibirían vacunas contra el COVID-19. Asimismo, algunos permisos especiales para migrantes se han extinguido.
En países que habían creado estatutos especiales para venezolanos, como Perú y Ecuador, éstos se fueron restringiendo ante las presiones políticas y la animadversión de la población. Perú empezó a exigir tramitar el permiso desde Venezuela con un pasaporte, lo que tiene un costo casi prohibitivo.
En el contexto del Mercosur, Uruguay y Argentina han extendido permisos de permanencia, pero son un destino menor. La distancia influye, al igual que en el caso de México, que da refugio y asilo a venezolanos, con una serie de derechos y permiso de residencia, pero llegan comparativamente pocas personas de ese país.
GRANDES EXPECTATIVAS
¿Seguirán otros países latinoamericanos los pasos del gobierno de Iván Duque? “Soy muy optimista. Lo que está haciendo Colombia es un punto de partida que abre la mirada y reconoce el valor de las personas migrantes en una línea que otros países pueden asumir. Muchas veces no saben cómo hacerlo y hay una presión de la sociedad civil al no entender cuál es la situación”, destaca Mantilla.
González recalca que “según lo señalado reiteradamente por ACNUR, a las personas venezolanas en movilidad debiera otorgárseles el estatus de refugiadas, u otras formas de protección internacional, debido a que escapan de una crisis humanitaria de gran envergadura en su país. Mantenerlas en un estatus precario de migrantes irregulares resulta, por lo mismo, contrario al Derecho Internacional”.
“No decimos que sea fácil, pero sí hay herramientas. Y la iniciativa de Colombia puede dar luces a la discusión, a las buenas prácticas, a la regularización normativa y a los acuerdos bilaterales. Ningún Estado quiere mantener situaciones de violaciones a los derechos humanos”, observa Mantilla.
Luicy Pedroza es cauta: “Esperamos que la medida tenga un efecto ejemplar, pero la posibilidad de que eso suceda no es muy alta. En América Latina no parecen estar las condiciones en el plano político para ello. En Colombia se entiende por la historia común y por razones prácticas en relación con la pandemia”.
La investigadora asegura que, en términos políticos el costo es muy alto. “Ante la población local hay que justificar que se abren los brazos a un grupo que puede ser muy numeroso, y que impone costos al Estado. Por el solo gesto político de contrapuntear al gobierno de Maduro, ningún país está dispuesto a hacer un cambio en sus políticas migratorias”. Eventualmente en Ecuador, dependiendo de quién gane la presidencia, podría verse alguna modificación.
El ejemplo de Colombia, destaca la politóloga, “es una medida muy plausible e inteligente, en aras de un mejor control migratorio, para desarrollar las políticas de Estado en el terreno social y de sanidad”. Aunque hasta ahora es una iniciativa única, Mantilla apunta a sumar esfuerzos a nivel regional: “La respuesta a la situación de las personas venezolanas refugiadas no puede ser sólo de un estado, sino que debe ser coordinada”.
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