EL VENEZOLANO COLOMBIA | ACNUR
En Riohacha, una ciudad en la costa noreste de Colombia, la venezolana Dulce María Ballejos, tuvo la oportunidad de conseguir un empleo y, eventualmente, poder rentar una habitación.
Pero la llegada de la pandemia de coronavirus, que le costó su empleo y posteriormente su hogar, obligó a Dulce María, a su hermana y a sus cinco hijos a vivir en las calles.
“Pensamos que aquí nuestros hijos tendrían una mejor vida, pero la pandemia ha hecho todo tan difícil”, dijo la trabajadora doméstica de 29 años, quien huyó de la inseguridad y la persecución, así como de la falta de alimentos y la creciente inflación en su natal Venezuela.
“Es igualmente de difícil estar acá que allá. Nos encontramos en la misma situación”, añadió la madre de tres niños con edades de 2,4 y 6 años.
Situaciones como la de ella son terriblemente comunes en toda América Latina, que sigue estando entre los principales puntos calientes del coronavirus en el mundo.
Las medidas de confinamiento de meses de duración destinadas a frenar la propagación del coronavirus han cobrado un precio particularmente duro en los más de 4 millones de refugiados y migrantes venezolanos como Dulce María, que han buscado seguridad en toda la región y que, en su mayoría, logran ganarse la vida en la economía informal.
“Dormíamos en el suelo o, si teníamos suerte, en un banco del parque”.
Ahora privados de cualquier forma de ganar dinero, un número incalculable de refugiados y migrantes venezolanos están luchando por mantener un techo sobre sus cabezas.
Después de que entraran en vigor estrictas medidas confinamiento en Riohacha a fines de marzo, Dulce María perdió su trabajo y la familia pronto se vio incapaz de hacer el pago mensual de su alquiler por 75 dólares. Después de que se retrasaron dos meses, fueron desalojados.
Sin ningún lugar adonde ir, la familia se encontró en un lugar que nunca habían imaginado: la calle.
“Dormíamos en el suelo o, si teníamos suerte, en un banco del parque”, recuerda Dulce María, oriunda del centro industrial de Valencia, en el norte de Venezuela. “Hubo días en que mis hijos no comían y otros en los que no podíamos bañarnos”.
Las duras condiciones afectaron gravemente a sus hijos, especialmente al niño de dos años, cuya asma estalló y finalmente lo llevó al hospital.
Allí, Dulce María recibió ayuda de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que primero hospedó a la familia en un hotel durante un mes y luego les brindó asistencia de emergencia para el alquiler que les permitió mudarse temporalmente a un departamento.
En toda América Latina, ACNUR ha respondido a las dificultades adicionales causadas por la pandemia proporcionando a los refugiados y migrantes más vulnerables alojamiento temporal y vales de alquiler, así como asistencia jurídica para luchar contra las órdenes de desalojo.
“Me dijeron, ‘lo sentimos, pero tienes que irte’”.
Los gobiernos de la región han impuesto prohibiciones temporales a los desalojos forzosos en medio de la pandemia. Pero algunas de estas regulaciones ya han expirado o se espera que expiren en las próximas semanas, lo que genera preocupaciones sobre un aumento en los desalojos.
Donde tales medidas de prohibición de desalojo permanecen, no siempre se aplican, ya que muchos propietarios simplemente arrojan a los inquilinos que están atrasados en el alquiler a las calles, donde mantenerse a salvo del coronavirus es mucho más difícil.
El problema afecta a toda la región. Eduardo García, un asistente administrativo de 31 años y quien también es oriundo de la ciudad venezolana de Valencia, se había ganado la vida como vendedor ambulante en la capital ecuatoriana, Quito.
Pero después de atrasarse cuatro meses en el pago del alquiler durante el confinamiento, fue expulsado de su apartamento a pesar del congelamiento de los desalojos forzosos en el país que sigue vigente hasta mediados de noviembre.
“Me dijeron, ‘también necesitamos el dinero, así que o encuentras una forma de pagar o lo sentimos, pero tienes que irte”, recordó, y agregó que entendía que sus propietarios también estaban en una situación difícil. “Me pongo en sus zapatos, porque ellos también dependen del dinero”.
Eduardo, que es VIH positivo, logró mantenerse alejado de la calle después de encontrar un lugar en un albergue temporal apoyado por ACNUR y luego recibió ayuda para alquiler de HIAS, una organización socia de ACNUR. Pero para él, como para muchos otros refugiados y migrantes venezolanos en situaciones similares, el espectro de las personas sin hogar sigue cobrando importancia.
La asistencia de alquiler que recibió Dulce María, después de las dos semanas que ella y su familia pasaron en la calle se ha agotado, y ahora vuelven a vivir con el temor de quedarse sin hogar.
“Ahora, estamos casi en la misma situación nuevamente”, dijo. “Con la enfermedad, las cosas se han puesto muy difíciles aquí”.
