La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró preocupación por las amenazas a las libertades fundamentales en Venezuela, Colombia, Nicaragua, Guatemala y Honduras, lo que fue recibido con protestas de estas delegaciones ante el Consejo de Derechos Humanos.
En una intervención ante la primera sesión anual del Consejo en la que detalló la situación de los derechos en diez países, la mitad de ellos latinoamericanos, la expresidenta chilena exhortó a sus gobiernos a seguir las recomendaciones de su oficina en favor de las libertades fundamentales.
Sobre Venezuela, Bachelet destacó un aumento de la colaboración entre el régimen de Nicolás Maduro y su oficina, pero recordó que el comité de coordinación entre ambas partes he recogido más de 130 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos contra personas detenidas.
«Tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos», subrayó la alta comisionada.
La delegación venezolana respondió que en el país «no existen personas detenidas por motivos políticos», cuestionó la objetividad de los informes de la oficina dirigida por Bachelet y aseguró que los 130 casos documentados «ya han sido oportunamente atendidos».
«El personal de la alta comisionada ha podido constatar que la situación de los derechos humanos en Venezuela dista del panorama que dibuja un grupo de gobiernos en este Consejo para rendir pleitesía a su amo en Norteamérica», proclamó la delegación.
Sobre Colombia, Bachelet expresó su preocupación por el uso del ejército para contestar las protestas sociales, o la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 36 masacres.
«Defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia», subrayó Bachelet, para señalar que en 2019 su oficina documentó al menos 108 asesinatos de activistas (la Defensoría del Pueblo colombiana eleva este número a 134).
En el turno de réplicas, la representante colombiana lamentó que la oficina de Bachelet «no produjera un análisis más completo, que reflejara de manera más objetiva la realidad de Colombia», y la acusó de no ofrecer propuestas viables para avanzar en la mejora de los derechos humanos en el país.
Añadió que las autoridades colombianas «no ahorraron esfuerzos para proteger a líderes y defensores de los derechos humanos», y atribuyó los ataques contra estos activistas a grupos armados y organizaciones criminales que suponen «el mayor desafío» para el Gobierno.
El Venezolano Colombia con EFE
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