Los habitantes y las autoridades civiles de Vichada rechazaron la expulsión por su frontera de los 59 ciudadanos venezolanos que fueron capturados tras haber participado presuntamente en actos vandálicos en Colombia. Según los pobladores del municipio este procedimiento agudizaría los problemas de seguridad de Puerto Carreño.
El alcalde de la capital de Vichada, Marcos Pérez Jiménez, se mostró contrariado con Migración Colombia porque no les informaron a las autoridades civiles -ni al gobernador ni al mandatario de Puerto Carreño- del procedimiento de expulsión de los venezolanos.
“Lo único que sabemos es que en Inírida las autoridades y la comunidad no permitieron que ese procedimiento se produjera por su frontera y entonces decidieron traerlos en el avión de la Fuerza Aérea Colombiana a Puerto Carreño para trasladarlos en Puerto Páez, una población que queda apenas pasando el río Orinoco”, señaló el alcalde Pérez.
Esa circunstancia, advierte el mandatario, les preocupa porque facilitaría que el grupo de migrantes acusados de cometer actos violentos retornen a Colombia por la frontera con Puerto Carreño, en donde, según información de las autoridades, se habrían incrementado los robos, los secuestros y las invasiones tras la llegada de 2.500 venezolanos.
La protesta de la comunidad se inició en el aeropuerto de Puerto Carreño, donde rodearon el avión de la FAC. Testigos señalan que comerciantes y habitantes del pueblo que tenían miedo del regreso de los violentos anoche se estarían armando con peinillas, palos y piedras.
En Puerto Carreño, dijo el alcalde, “tenemos 16 presos de alto riesgo y no los han querido sacar y ahora nos traen estas personas a un sitio vecino en el que no es sino pasar el río Orinoco y se nos pueden regresar para Colombia en Puerto Carreño”.
Tenemos 16 presos de alto riesgo y no los han querido sacar y ahora nos tren estas personas a un sitio vecino en el que no es sino pasar el río Orinoco y se nos pueden regresar
El alcalde Pérez Jiménez prepara su maleta para viajar de urgencia a Bogotá a solicitar ayuda a de los congresistas de la región para evitar que estas expulsiones se sigan realizando en la frontera del municipio.
Para Lucía Ramírez Bolívar, coordinadora de migración de Dejusticia, alertó sobre la xenobia que se vive en el país y agregó que esta preocupante debido a que “hay mucha desinformación”. Según dijo, hay cadenas de Whatsapp y de redes sociales que no siempre están basadas en la evidencia y que terminan haciendo generalizaciones irresponsables en las que señalan a venezolanos de estar detrás de hechos de vandalismo.
Ramírez advierte que esta desconfianza pone en riesgo a la población migrante y podría dificultar su integración en Colombia, lo que afecta que consigan trabajado y que se garanticen sus derechos humanos.
“Si hay alguna persona que comete algún delito, independientemente de su nacionalidad, se le deben aplicar las sanciones del caso, garantizando el debido proceso y sin generalizar por su nacionalidad”, afirmó.
Con información de El Tiempo
Nota relacionada:
