Una sentencia reciente de la Corte Constitucional ha cambiado el panorama digital del país. El fallo declara inconstitucional el artículo que permitía a las operadoras ofrecer ciertos contenidos sin consumir datos, lo que comúnmente se conocía como Zero Rating.
Esta decisión, que modifica el esquema de conectividad móvil, fue impulsada por la organización El Veinte, liderada por la abogada Ana Bejarano. La Corte consideró que la práctica iba en contra del principio de igualdad en el acceso a la red.
El fin del modelo Zero Rating
Hasta ahora, era habitual que millones de colombianos pudieran utilizar aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Instagram sin descontar datos de sus planes. Esta modalidad permitía a las operadoras seleccionar ciertas plataformas para promocionar, en muchos casos en alianza con gigantes tecnológicos.
Sin embargo, la Corte señaló que este sistema generaba una experiencia digital fragmentada. Mientras algunos disfrutaban de acceso a múltiples servicios, otros solo interactuaban con las aplicaciones escogidas por su proveedor. Para los demandantes, esta brecha limitaba el desarrollo de una ciudadanía plenamente conectada.
Lo que cambia para los usuarios
Con la nueva normativa, las compañías de telefonía deberán permitir que cada cliente elija qué apps no consumirán datos, sin imponer servicios preestablecidos. Esto otorga mayor autonomía a los consumidores, quienes podrán ajustar su conectividad según sus necesidades personales.
La decisión no implica que el internet gratuito desaparezca. Más bien, transforma la manera en que se ofrece: ahora, la libertad de elección será la regla y no la excepción.
Impacto en el mercado y en la infraestructura
Los operadores tendrán un plazo de un año para adecuarse. Durante ese tiempo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) deberá formular lineamientos que garanticen igualdad en el acceso a servicios digitales.
Algunos actores del sector han advertido que esto podría generar mayores costos. Sin embargo, organizaciones como El Veinte argumentan que la presión económica es una estrategia para mantener privilegios comerciales con plataformas específicas.
Conectividad más equitativa: el objetivo final
Colombia enfrenta desafíos importantes en materia de infraestructura y velocidad. A pesar de tener precios bajos por gigabyte, la calidad de conexión está por debajo del promedio regional. La sentencia pretende contribuir a reducir estas disparidades al promover un internet sin exclusiones.
Según expertos, el acceso digital debe entenderse como un derecho fundamental. Garantizar que todos los contenidos cuenten por igual es un paso crucial hacia una sociedad más conectada y justa.
Reflexión final: hacia un internet más democrático
Esta reforma judicial redefine el modo en que millones se relacionan con la tecnología. Más allá de los ajustes económicos, lo que se pone en juego es la posibilidad de construir un entorno digital donde cada persona tenga el control sobre lo que consume. En lugar de resignarse a lo que “viene incluido”, ahora el usuario colombiano podrá decidir qué quiere ver, usar o explorar, y eso —sin duda— es un avance en libertad digital.
