EL VENEZOLANO COLOMBIA
El plazo establecido por el ministro del Interior, Armando Benedetti, para que el Senado repitiera la votación sobre la consulta popular expiró el 1 de junio, dejando en el aire una pregunta clave: ¿optará el presidente Gustavo Petro por firmar un decreto para convocarla?
La advertencia de Benedetti ha desatado una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, amenazando con recurrir al Consejo de Estado si el Gobierno insiste en esta vía. Este enfrentamiento, cargado de acusaciones y tensiones, pone en juego no solo la viabilidad de la consulta, sino también la dinámica política del país.
Un ultimátum que sacude al Congreso
El ministro Benedetti lanzó una advertencia clara: si el Senado no reconsideraba la votación que rechazó la consulta popular, el Gobierno evaluaría emitirla mediante decreto. Según el titular de la cartera política, la ley permite esta acción en un plazo de ocho días, aunque aún no existe un documento preliminar.
“Estamos estudiando la fecha más adecuada para la convocatoria”, afirmó Benedetti, generando expectativa sobre los próximos pasos del presidente Petro.
La respuesta firme del Senado
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, no tardó en reaccionar. Consideró que un decreto presidencial violaría la Constitución y anunció que, de concretarse, el Legislativo acudiría al Consejo de Estado para anularlo.
Cepeda argumentó que la consulta fue rechazada legítimamente por el Senado, en cumplimiento de sus atribuciones legales, y acusó al Gobierno de intentar desviar recursos públicos hacia fines electorales. “No toleraremos maniobras que comprometan la legalidad”, sentenció.
¿Una votación inválida?
El núcleo del conflicto radica en la votación del Senado, que con un estrecho margen de 49 a 47 rechazó la consulta popular. Benedetti sostiene que el proceso fue irregular, alegando que el secretario del Senado, Diego González, omitió leer una proposición clave.
No obstante, el Legislativo certificó la validez del procedimiento, desestimando las acusaciones del ministro. Este desacuerdo ha avivado el enfrentamiento, con el Gobierno insistiendo en que la consulta debe avanzar, ya sea por el Congreso o por decreto.
El trasfondo de la controversia
Para algunos sectores, como Cepeda, la insistencia del Gobierno en la consulta responde a una estrategia preelectoral. La bandera de la consulta, según críticos, podría ser utilizada para movilizar apoyos de cara a futuros comicios.
Sin embargo, el Ejecutivo enfrenta un contexto adverso: su respaldo a un reciente paro nacional, convocado por centrales sindicales, tuvo escasa acogida y derivó en episodios de violencia. Las protestas, lejos de masivas, generaron molestias entre trabajadores que enfrentaron obstáculos para cumplir con sus labores.
Petro y las movilizaciones
El presidente Petro ha intentado deslindarse de la organización del paro, aunque sus llamados previos a movilizaciones y huelgas han sido públicos. La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, defendió que el objetivo del paro no era llenar plazas, sino visibilizar demandas. Sin embargo, la percepción de un fracaso en la convocatoria debilita la posición del Gobierno en su apuesta por la consulta popular, mientras el Senado se mantiene firme en su rechazo.
Con el plazo vencido, la decisión de Petro sobre el decreto marcará el rumbo de este enfrentamiento político. La tensión entre poderes del Estado refleja no solo un desacuerdo sobre la consulta, sino una lucha por el control de la agenda política del país.
