EL VENEZOLANO COLOMBIA
En marzo de 2025, el gobierno de Donald Trump deportó a 238 venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, acusándolos de ser peligrosos criminales y miembros de la pandilla Tren de Aragua. Sin embargo, documentos oficiales revelan que la mayoría no tenía antecedentes penales en Estados Unidos, y las pruebas de su supuesta peligrosidad son escasas o inexistentes.
Esta investigación, basada en registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y reportes de medios como ProPublica y The Texas Tribune, expone las contradicciones de una política migratoria que ha generado controversia por su falta de transparencia y violaciones al debido proceso.
Una deportación sin fundamento
El gobierno estadounidense, liderado por Trump, justificó la expulsión de 238 migrantes venezolanos alegando que representaban una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, los datos obtenidos por medios independientes muestran que solo 32 de ellos tenían condenas en EE. UU., principalmente por delitos menores como hurto o infracciones viales.
Apenas seis enfrentaban cargos por crímenes violentos, como agresiones o tenencia de armas. Más de la mitad, 130 personas, no tenían antecedentes ni cargos pendientes, siendo clasificados únicamente como infractores migratorios. Esta realidad contradice las declaraciones públicas que los calificaban de “terroristas” o “pandilleros”.
Escasa evidencia de crímenes internacionales
La administración afirmó que los deportados tenían historiales delictivos en otros países, pero una revisión exhaustiva de registros policiales y judiciales en EE. UU. y América Latina encontró evidencia de arrestos o condenas en solo 20 casos.
De estos, 11 involucraban delitos graves como robo armado o asesinato, mientras que otros se relacionaban con cargos menores, como posesión ilegal de armas. Además, listas de presuntos pandilleros de Venezuela e Interpol no incluían a ninguno de los 238 deportados, desmintiendo las acusaciones de vínculos con el Tren de Aragua.
Etiquetas basadas en suposiciones
El gobierno etiquetó a los migrantes como miembros de la pandilla Tren de Aragua basándose en criterios vagos, como tatuajes o publicaciones en redes sociales. Sin embargo, expertos en seguridad de varios países confirmaron que los tatuajes, como coronas o relojes, no son indicadores fiables de afiliación a pandillas.
Leonardo José Colmenares, un entrenador de fútbol venezolano deportado, fue señalado por sus tatuajes, a pesar de no tener antecedentes penales. Su hermana, Leidys Trejo, describió la situación como un “secuestro” orquestado por el gobierno.
Violaciones al debido proceso
La rapidez de las deportaciones, ejecutadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ha generado críticas de organizaciones como la ACLU. Lee Gelernt, abogado de esta entidad, calificó las expulsiones como una “flagrante violación” del derecho al debido proceso, ya que muchos fueron enviados a El Salvador sin audiencias judiciales.
Algunos, como Wilker Gutiérrez, enfrentaban cargos pendientes pero no habían sido juzgados. Otros, como Maikol López, fueron deportados por infracciones menores, como consumir alcohol en público.
El impacto humano
Familiares de los deportados, como Leidys Trejo, han expresado angustia por la falta de comunicación con sus seres queridos, encerrados en la prisión salvadoreña CECOT. Muchos migrantes creían que serían devueltos a Venezuela, no enviados a un tercer país. Videos compartidos por familias muestran el temor de los detenidos, algunos de los cuales temían ser trasladados a Guantánamo. La incertidumbre y la separación han dejado a estas familias en un limbo emocional y legal.
