EL VENEZOLANO COLOMBIA
El gobierno de Javier Milei ha implementado una reforma migratoria de gran alcance mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, anunciado el 29 de mayo de 2025. Esta medida, que busca fortalecer los controles sobre la inmigración, ha generado un intenso debate por sus implicaciones en los derechos de los extranjeros, particularmente en la comunidad venezolana, que representa una de las mayores poblaciones migrantes en Argentina.
Se explora en la nota los cambios introducidos, sus efectos en los venezolanos y las controversias que han surgido.
Un cambio radical en la normativa migratoria
El DNU 366/2025 modifica la Ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2003, que consagraba el derecho a la migración como un principio fundamental. La nueva normativa impone requisitos más estrictos para la residencia, agiliza deportaciones y limita el acceso a servicios públicos.
Según el gobierno, estas medidas responden a la necesidad de ordenar la inmigración y proteger los recursos estatales, pero críticos advierten sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
Impacto en la comunidad venezolana
Argentina alberga a cerca de 200 mil venezolanos, una cifra que alcanzó su pico en 2020 con 220 mil personas. Aunque el decreto no señala explícitamente a esta comunidad, sus efectos serán significativos.
Los nuevos requisitos de residencia, como demostrar solvencia económica o la ausencia de antecedentes penales internacionales, podrían complicar la regularización de muchos venezolanos que huyeron de la crisis en su país. Además, la expulsión inmediata por delitos, incluso menores, genera incertidumbre en esta población.
Restricciones en salud y educación
Uno de los aspectos más controvertidos es la limitación del acceso a servicios públicos. Los no residentes deberán contar con un seguro médico para ingresar al país, y la atención en hospitales públicos estará sujeta a pago, salvo emergencias.
En educación, las universidades públicas podrán cobrar aranceles a extranjeros con residencia temporaria, rompiendo con la tradición de gratuidad. Sin embargo, la educación básica seguirá siendo accesible para todos, un punto que preserva ciertos derechos.
Refuerzo de controles y deportaciones
El decreto fortalece la vigilancia migratoria mediante la Policía Migratoria Auxiliar, que incluye a la Gendarmería y la Policía Federal. Además, reduce los plazos para apelar deportaciones, una medida criticada por limitar el derecho a la defensa.
La expulsión inmediata de quienes ingresen por pasos no autorizados refuerza el enfoque de control fronterizo, alineándose con discursos que vinculan la migración con la inseguridad.
Reacciones y precedentes
Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han cuestionado la legalidad del DNU, argumentando que cambios de esta magnitud requieren aprobación legislativa. Este no es el primer intento de reforma por decreto: en 2017, un DNU similar fue anulado por inconstitucionalidad. La coincidencia del anuncio con la desarticulación de una banda vinculada al Tren de Aragua ha avivado el debate, reforzando la narrativa oficial que asocia migración con delincuencia.
