EL VENEZOLANO COLOMBIA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han levantado su voz contra una práctica alarmante en Venezuela: la anulación arbitraria de pasaportes de opositores, defensores de derechos y periodistas.
Este mecanismo, que carece de justificación legal, busca limitar la movilidad y silenciar a quienes desafían al régimen de Nicolás Maduro. La CIDH urge al Estado venezolano a revertir estas medidas y llama a la comunidad internacional a proteger los derechos de las víctimas, en un contexto donde la represión se intensifica tras las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
Una estrategia para silenciar disidencias
La cancelación de pasaportes en Venezuela no es un acto aislado, sino una táctica deliberada para restringir las libertades de quienes critican al gobierno. Según la CIDH, al menos 40 personas, entre activistas, comunicadores y opositores, han sido afectadas por esta medida.
Sin notificación previa ni amparo legal, las víctimas descubren la anulación al intentar viajar o consultar su estatus en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). Esta práctica, que vulnera el derecho a la libre circulación, genera un clima de incertidumbre y temor.
Impacto en la vida de las víctimas
La invalidación de estos documentos esenciales trasciende la mera restricción de viajes. Impide a las personas afectadas ejercer derechos fundamentales, como solicitar asilo, acceder a servicios de protección internacional o mantener vínculos familiares en el exterior.
Muchos, al intentar salir del país, enfrentan obstáculos en aeropuertos, donde funcionarios les niegan el embarque. El miedo a represalias, como arrestos arbitrarios o desapariciones, lleva a algunos a optar por rutas migratorias irregulares, exponiéndose a mayores riesgos.
Un patrón de persecución sistemática
La CIDH señala que la anulación de pasaportes forma parte de un esquema represivo más amplio, diseñado para neutralizar voces disidentes. Los perfiles de las víctimas —activistas, periodistas y líderes políticos— revelan un claro intento de castigar a quienes denuncian irregularidades, como las reportadas en los comicios de 2024.
Este accionar no solo coarta la libertad de expresión, sino que también afecta la integridad personal y laboral de los perjudicados, generando un efecto disuasorio en la sociedad.
Exigencias y llamado internacional
La CIDH y la RELE han instado al gobierno venezolano a restaurar de inmediato los pasaportes anulados y a poner fin a estas prácticas opresivas. Además, enfatizan la urgencia de fortalecer la independencia judicial y del Ministerio Público para garantizar un Estado de Derecho.
A nivel global, ambos organismos piden a la comunidad internacional promover mecanismos que reconozcan documentos anulados o vencidos, asegurando así que las víctimas puedan ejercer sus derechos sin restricciones.
La anulación arbitraria de pasaportes en Venezuela es una clara violación de los derechos humanos, destinada a sofocar la disidencia y limitar la libertad. La CIDH y la RELE han alzado un llamado enérgico para revertir estas acciones y reconstruir un sistema democrático. Mientras el régimen de Maduro persista en estas tácticas, la solidaridad internacional será clave para proteger a quienes enfrentan esta forma de persecución.
