
EL VENEZOLANO COLOMBIA
Una creciente inquietud recorre a comunidades venezolanas en Estados Unidos: inmigrantes con protección legal activa, incluidos quienes han recibido asilo, están siendo contactados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con mensajes que sugieren su salida voluntaria del país.
Lo que debía representar seguridad jurídica se ha transformado en confusión y ansiedad ante correos que, en algunos casos, incluyen amenazas de sanciones económicas y arresto.
Comunicaciones oficiales que contradicen fallos judiciales
Varios abogados de inmigración han recibido correos electrónicos donde se exhorta a sus representados a abandonar el territorio estadounidense. En Salt Lake City, Utah, el abogado Carlos Trujillo —venezolano naturalizado— fue uno de los destinatarios de un mensaje de esta naturaleza. A pesar de su estatus de ciudadano y su trabajo legal dentro del sistema, recibió una notificación que indicaba que debía presentarse para gestionar su salida del país.
El caso no es aislado. En Nueva York, el jurista Paul O’Dwyer, según reveló Mother Jones, fue notificado por un tribunal sobre la aprobación del asilo de su cliente. Sin embargo, el mismo correo contenía un anexo del DHS donde se instaba al beneficiado a salir por voluntad propia, advirtiendo de consecuencias legales y económicas de no hacerlo.
¿Error administrativo o política ambigua?
Expertos en derecho migratorio coinciden en que la práctica de enviar correspondencia a los abogados en lugar de a los inmigrantes no es inusual, sobre todo cuando estos carecen de dirección estable o teléfono fijo. No obstante, el contenido contradictorio de estos mensajes ha generado alarma, ya que pone en entredicho decisiones judiciales recientes.
Alex Gálvez, abogado en Los Ángeles, subraya que en ocasiones los profesionales proporcionan sus datos de contacto para evitar la pérdida de comunicaciones importantes. Sin embargo, cuando los mensajes del gobierno federal contradicen fallos de jueces de inmigración, la preocupación se torna legítima.
Impacto emocional y riesgo de desinformación
Para quienes ya viven bajo la presión del exilio, estos correos representan un golpe emocional adicional. Personas que habían obtenido asilo, o estaban a la espera de audiencia, hoy temen ser expulsadas arbitrariamente. La amenaza de multas de hasta 998 dólares diarios agrava aún más la tensión.
El efecto dominó se extiende: los rumores proliferan, y algunos migrantes han considerado retirarse del proceso por miedo. La falta de claridad en la comunicación oficial complica aún más un sistema migratorio que ya lidia con atrasos, burocracia y sobrecarga judicial.
Llamados a revisar la política y proteger los derechos
Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas proinmigrantes exigen al DHS transparencia y revisión inmediata de estas prácticas. La comunidad venezolana, una de las más numerosas en los procesos de asilo actuales, reclama coherencia entre la ley, las decisiones judiciales y las comunicaciones administrativas.
Por ahora, los mensajes continúan llegando, dejando a cientos de personas en un limbo jurídico que parece contradecir los valores de justicia y acogida que Estados Unidos históricamente ha proclamado.