EL VENEZOLANO COLOMBIA
Una reciente investigación del programa 60 Minutes , emitido por la cadena CBS, ha sacado a la luz que al menos el 75% de los venezolanos enviados desde Estados Unidos a El Salvador no posee antecedentes penales. Pese a ello, fueron excluidos en el temido Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), una prisión reservada para criminales de alta peligrosidad. La medida, impulsada bajo la Administración Trump, ha despertado alarmas por la falta de transparencia y la posible criminalización de migrantes sin historial delictivo.
Resultados de una pesquisa minuciosa
El equipo periodístico de 60 Minutes analizó documentos oficiales del gobierno estadounidense, junto con archivos judiciales tanto nacionales como internacionales. La revisión incluyó registros de arrestos, notas de prensa y bases de datos legales. Como resultado, se determinará que tres cuartas partes de los venezolanos detenidos no presentan cargos previos ni condenas en ninguna jurisdicción conocida.
Aunque la administración de Donald Trump ha difundido escasa información sobre los expulsados, los informes confidenciales obtenidos por el programa televisivo permiten constatar que la mayoría carece de vínculos judiciales previos.
Cifras reveladoras y delitos no violentos
Del total examinado, solo un 22% tiene antecedentes penales en Estados Unidos u otros países. La mayoría de estos registros corresponden a infracciones de bajo perfil, como hurtos menores, allanamientos y pequeños robos.
Solo una docena de individuos figuran en expedientes por delitos graves, como homicidio, agresión sexual o secuestro. En un 3% de los casos, los datos disponibles son insuficientes para establecer un historial claro.
Justificación oficial y señalamientos sin pruebas
A pesar de los hallazgos, funcionarios estadounidenses sostienen que la falta de antecedentes no excluye el peligro potencial. Thomas Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, declaró que cada migrante fue evaluado exhaustivamente y vinculado al grupo criminal Tren de Aragua.
En esa línea, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que muchos de los reclusos serían “terroristas o violadores de derechos humanos” sin registros en los Estados Unidos.
Deportaciones bajo una ley de hace más de dos siglos
El 15 de marzo, el expresidente Trump activó la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 no utilizada desde la Segunda Guerra Mundial. La disposición autoriza la deportación inmediata de extranjeros sin juicio previo, alegando riesgos para la seguridad nacional.
Ese mismo día, tres aviones fletados por el gobierno partieron desde Texas rumbo a El Salvador con cerca de 200 ciudadanos venezolanos. Todos fueron trasladados directamente al Cecot, una cárcel de máxima seguridad construida para albergar a miembros de pandillas peligrosas.
Preocupación por derechos humanos y debido proceso
Las revelaciones de 60 Minutes han encendido el debate sobre la legalidad de las deportaciones y el respeto a las garantías individuales. Organizaciones pro derechos humanos alertan que, al encarcelar a personas sin antecedentes ni juicio, se vulneran principios fundamentales del derecho internacional. Por ahora, la situación de estos migrantes continúa envuelta en opacidad, mientras sus familias claman por justicia y claridad.
