EL VENEZOLANO COLOMBIA
La ciudad de Doral, en el corazón del condado Miami-Dade, aprobó una medida que podría transformar profundamente su relación con la comunidad extranjera, mayoritariamente compuesta por migrantes, muchos de ellos venezolanos.
La resolución municipal habilita al gobierno local a avanzar hacia un convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha generado inquietud entre residentes y defensores de derechos humanos.
Aunque el acuerdo aún no se ha firmado, la intención formalizada ha puesto en alerta a quienes temen una política de control más severa en una ciudad donde más del 70% de sus habitantes son de origen extranjero.
Una resolución con implicaciones legales
La llamada Resolución No. 25, adoptada el 16 de abril de 2025, autoriza a la administración municipal de Doral a negociar un memorando de entendimiento con el ICE, bajo el programa federal 287(g). Este mecanismo permite transferir funciones de control migratorio a cuerpos policiales locales.
La medida se respalda legalmente en una norma federal de 1996, pero también encuentra eco en leyes estatales recientemente promulgadas por el gobernador Ron DeSantis, las cuales refuerzan el cumplimiento de políticas migratorias más estrictas en Florida.
El programa 287(g) y su alcance potencial
A través del acuerdo previsto, la policía de Doral podría asumir tareas relacionadas con verificación de estatus migratorio, detención y entrega de personas al ICE. Aunque aún no hay un compromiso formal firmado, la resolución marca el primer paso hacia esa cooperación.
La alcaldesa Christi Fraga aclaró que la medida autoriza únicamente el inicio del diálogo legal, pero organizaciones de derechos civiles advierten que, incluso en esta fase inicial, el mensaje hacia la comunidad migrante es claro: la vigilancia podría intensificarse.
Reacciones encontradas en una ciudad diversa
El anuncio ha generado preocupación entre líderes comunitarios y funcionarios locales. Rafael Pineyro, concejal de origen venezolano, manifestó su inquietud respecto a posibles abusos por perfil racial. A pesar de que no existe una orden directa para implementar redadas o revisiones masivas, se teme que esta política abra la puerta a prácticas discriminatorias. En respuesta, el jefe de la Policía de Doral, Edwin López, aseguró que el estatus migratorio no es el enfoque de las interacciones diarias entre agentes y ciudadanos.
Contexto estatal y solicitud de fondos
El impulso hacia esta alianza no es aislado. Otras ciudades del condado, como Hialeah y Coral Gables, ya han establecido vínculos similares con el ICE. En paralelo, Doral ha solicitado más de 2,7 millones de dólares al estado para fortalecer su seguridad, incluyendo drones y unidades móviles. Esta combinación de refuerzo operativo y acercamiento a políticas migratorias más duras, en un contexto estatal cada vez más restrictivo, ha encendido las alertas entre miles de residentes.
La aprobación de esta resolución no implica aún una implementación inmediata del programa 287(g), pero sí marca una dirección política clara. Para los migrantes venezolanos y otros grupos que han encontrado en Doral un lugar de acogida, la medida plantea interrogantes sobre su futuro y el rol que jugarán las fuerzas del orden en una ciudad construida por la diversidad.
