EL VENEZOLANO COLOMBIA
La política migratoria estadounidense bajo la influencia de Donald Trump ha reconfigurado el panorama carcelario del país, favoreciendo el crecimiento exponencial de empresas privadas encargadas de gestionar centros de detención para migrantes.
GEO Group y CoreCivic, las dos corporaciones líderes del sector, se posicionan como los grandes ganadores en un contexto donde la deportación masiva promete ser un eje de gobierno y un motor económico simultáneo.
El modelo penitenciario como oportunidad de inversión
A diferencia de muchos países donde el sistema penitenciario es público, Estados Unidos ha convertido la reclusión en una industria próspera. El regreso de Trump y su propuesta de expulsar a un millón de personas ha disparado el valor bursátil de estas compañías. GEO Group, por ejemplo, experimentó un aumento de casi 90 % en el precio de sus acciones, mientras que CoreCivic se revalorizó en un 50 %.
Los altos ejecutivos de ambas firmas reconocen abiertamente que esta coyuntura representa un escenario sin precedentes. George Zoley, fundador de GEO Group, describió el momento como “único” y lleno de “oportunidades”. Damon Hininger, al frente de CoreCivic, expresó que esta etapa es “la más emocionante” de su carrera profesional.
Contratos millonarios y expansión de infraestructura
El gobierno federal ha reanudado acuerdos con estas entidades para incrementar la capacidad de detención. Un ejemplo concreto es la reapertura de Delaney Hall, en Nueva Jersey, con un contrato de 15 años valorado en mil millones de dólares. Solo este centro generará más de 60 millones en su primer año de operación.
Paralelamente, CoreCivic reactivó el centro de Dilley, Texas, que volverá a alojar familias migrantes. Con capacidad para 2.400 personas, la instalación había sido clausurada por la administración Biden, pero ahora se reincorpora al aparato de detención con un nuevo convenio.
Cifras, metas y presiones presupuestarias
La administración Trump ha planteado la necesidad de disponer de al menos 100.000 camas para retener migrantes. Esta meta implica más del doble de la capacidad actual del ICE, que en abril alcanzó los 48.000 detenidos. Para lograrlo, la Casa Blanca necesita la aprobación del Congreso para ampliar el presupuesto asignado al sistema de detención.
Mientras tanto, se han convocado licitaciones por un valor de hasta 45.000 millones de dólares para ampliar la red de recintos, transporte, seguridad y servicios médicos.
El costo humano del encierro como negocio
Aunque las empresas afirman respetar los derechos humanos y ofrecer servicios adecuados, diversos informes revelan deficiencias sanitarias, negligencia médica y condiciones indignas. Organizaciones civiles denuncian que los centros priorizan la reducción de costos sobre el bienestar de los internos, lo que intensifica el sufrimiento de una población ya vulnerable.
En este entramado donde las políticas migratorias se entrelazan con intereses corporativos, el futuro de miles de personas queda supeditado a la rentabilidad de un sistema que convierte el encierro en un lucrativo negocio.
