EL VENEZOLANO COLOMBIA
El gobierno de Donald Trump ha reactivado una ley de más de dos siglos de antigüedad para justificar la deportación de cientos de venezolanos hacia El Salvador. Se trata de la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798 y utilizada históricamente en contextos bélicos.
La norma, que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial, permite la detención y expulsión de ciudadanos de países considerados hostiles por Estados Unidos. Sin embargo, su implementación actual ha generado controversia y ha sido objeto de cuestionamientos legales.
El origen de la Ley de Enemigos Extranjeros
Aprobada en 1798 durante la presidencia de John Adams, la Ley de Enemigos Extranjeros fue concebida como una herramienta para proteger a Estados Unidos de posibles infiltraciones y ataques en tiempos de conflicto.
Su propósito era permitir la detención y expulsión de ciudadanos de países con los que EE.UU. estuviera en guerra. A lo largo de la historia, ha sido invocada en tres momentos clave: la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
Una ley pensada para conflictos armados
En sus aplicaciones anteriores, la norma se utilizó para arrestar y deportar a ciudadanos alemanes, italianos y japoneses, considerados amenazas potenciales durante las guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, más de 6.000 personas fueron detenidas bajo esta ley, y durante la Segunda Guerra Mundial, al menos 30.000 ciudadanos de origen japonés fueron confinados en campos de internamiento. Sin embargo, nunca antes había sido empleada contra grupos de migrantes sin que existiera una declaración formal de guerra.
Trump y la reactivación de la norma en 2025
Para justificar su uso en la actualidad, el presidente Trump emitió un decreto en el que declaró que el Tren de Aragua representa una “invasión o incursión predatoria” contra Estados Unidos. Con esta argumentación, ordenó la detención y deportación de venezolanos mayores de 14 años que sean sospechosos de pertenecer a la organización criminal.
No obstante, esta interpretación ha sido duramente criticada, ya que la ley original establece que solo puede aplicarse a ciudadanos de países con los que EE.UU. se encuentre en guerra, lo que no es el caso de Venezuela.
Falta de garantías y críticas al proceso
Uno de los aspectos más polémicos de esta medida es que la Ley de Enemigos Extranjeros permite al gobierno actuar sin brindar garantías procesales a los deportados. Según expertos, quienes son expulsados bajo esta norma no tienen derecho a una defensa legal, a presentar apelaciones ni a exigir pruebas de los cargos en su contra. Además, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado evidencias concretas de que los migrantes deportados tienen vínculos con el Tren de Aragua.
Reacciones y cuestionamientos legales
La reactivación de esta ley ha desatado una ola de críticas desde distintos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos. El juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, ordenó la suspensión de las deportaciones, argumentando que la norma solo puede aplicarse en casos de guerra declarada. No obstante, la administración de Trump ha ignorado esta decisión judicial y ha continuado con las expulsiones.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de venezolanos ha generado una fuerte controversia en Estados Unidos. Mientras la Casa Blanca defiende la medida como una herramienta contra el crimen organizado, sus críticos advierten que representan un abuso de poder sin precedentes en tiempos de paz. La falta de garantías para los deportados y la violación de decisiones judiciales ponen en entredicho la legalidad de esta acción y su impacto en el futuro de la política migratoria estadounidense.
