EL VENEZOLANO COLOMBIA
El Gobierno de Chile confirmó que confirmaron antecedentes ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. La ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que la acción se tomará antes de que finalice la investigación formal, con el objetivo de entregar pruebas preliminares que permitan esclarecer los hechos.
Ojeda, disidente del régimen de Nicolás Maduro y asilado en Chile desde 2023, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por individuos vestidos como agentes de seguridad. Su cuerpo fue hallado diez días después, sepultado bajo un bloque de cemento a las afueras de Santiago. La Fiscalía chilena sostiene que el crimen fue orquestado desde Venezuela, lo que ha generado un grave conflicto diplomático entre ambos países.
La CPI, una vía para esclarecer el crimen
Tohá señaló que la información será enviada al tribunal internacional sin esperar la conclusión de la investigación local. La CPI, con sede en La Haya, tiene la facultad de procesar a líderes gubernamentales y militares por crímenes de lesa humanidad, genocidio y otras violaciones graves al derecho internacional.
Si bien no se ha detallado la fecha exacta en la que Chile formalizará su denuncia, el Gobierno ya está coordinando los aspectos legales y diplomáticos necesarios para avanzar en este proceso.
Acusaciones contra Venezuela y presunta implicación de Cabello
Desde el inicio de la investigación, tanto la administración de Gabriel Boric como el Ministerio Público han señalado posibles vínculos del Régimen venezolano en el homicidio. A finales de enero de 2025, la Fiscalía reveló el testimonio de un testigo que apunta directamente a Diosdado Cabello, actual ministro del Interior de Venezuela y estrecho colaborador de Nicolás Maduro, como la persona que ordenó y financió el asesinato.
Este señalamiento ha intensificado la tensión entre Santiago y Caracas, llevando las relaciones diplomáticas a un estado de congelamiento, aunque sin una ruptura definitiva.
Dudas sobre la cooperación policial entre Chile y Venezuela
La familia de Ojeda ha exigido que se investigue si las autoridades chilenas compartieron información sobre su desfile con sus homólogos venezolanos. Esto surge tras la firma de un convenio de cooperación policial entre ambos países, concretado semanas antes del crimen.
La ministra Tohá desmintió cualquier colaboración en ese sentido, asegurando que Chile no entregó datos sobre los movimientos del exmilitar. Sin embargo, reconoció la posibilidad de que su actividad en redes sociales y otras fuentes de información hayan permitido su monitoreo por parte del Gobierno venezolano.
Avances en las detenciones, pero sin esclarecer a los autores intelectuales.
Hasta la fecha, varias personas han sido arrestadas en diferentes países, incluyendo Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, todas vinculadas al grupo criminal Tren de Aragua, de origen venezolano. No obstante, aún no se ha determinado con certeza quiénes fueron los responsables intelectuales del asesinato ni la cantidad de dinero que se pagó para ejecutarlo.
Tohá reiteró que Chile comenzará exigiendo respuestas a Venezuela a través de mecanismos internacionales como la Interpol, convenios multilaterales y otras instancias judiciales.
El asesinato de Ronald Ojeda se ha convertido en un punto de inflexión en la relación entre Chile y Venezuela. La decisión de recurrir a la CPI busca no solo justicia para la familia de la víctima, sino también sentar un precedente ante posibles crímenes de carácter transnacional. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la autoridad intelectual del homicidio y la falta de cooperación entre ambos gobiernos siguen marcando el desarrollo del caso.
