EL VENEZOLANO COLOMBIA
Las detenciones de ciudadanos colombianos en Venezuela siguen en aumento, generando preocupación entre sus familiares y organismos de derechos humanos. A pesar de múltiples denuncias, el gobierno venezolano no ha ofrecido explicaciones sobre estos arrestos ni sobre el estado de los detenidos.
Hasta la semana pasada, se habían contabilizado 14 personas privadas de libertad, cifra que ascendió a 15 con el reciente arresto de una mujer indígena. Mientras tanto, la incertidumbre y el temor crecen entre quienes buscan respuestas sobre el paradero y la situación de sus seres queridos.
Nuevas detenciones y falta de información
El caso más reciente es el de Luz Estela Rodríguez Umaña, una mujer de 59 años originaria de Guainía, quien fue apresada en Venezuela bajo circunstancias desconocidas. Sus familiares, que no han podido comunicarse con ella, temen por su estado de salud, pues padecen deficiencias visuales.
Las autoridades colombianas han elevado solicitudes a la Cancillería ya la Embajada en Caracas para gestionar su protección, sin obtener respuestas claras sobre su situación. La falta de detalles sobre las condiciones y razones de su arresto genera aún más incertidumbre.
Liberaciones recientes: alivio parcial
El pasado 20 de febrero, siete indígenas colombianos que estaban detenidos desde el 30 de enero fueron liberados y retornados a Colombia. En su momento, se les acusó de estar involucrados en actividades de minería ilegal en Venezuela.
Sin embargo, funcionarios colombianos sostienen que los liberados no eran mineros ilegales, sino comerciantes que, debido a las condiciones económicas en su territorio, realizan intercambios comerciales en la frontera, recibiendo pagos en oro.
Estas excarcelaciones se suman a las ocurridas el 10 de febrero, cuando otros dos ciudadanos colombianos fueron puestos en libertad. No obstante, aún hay al menos 15 personas que siguen detenidas sin información clara sobre su situación legal.
Restricciones y falta de acceso a la defensa
Familiares de los arrestados han denunciado que no han podido contactarlos y que en Venezuela no se permite la defensa privada para ciudadanos extranjeros. Esta situación ha dificultado que los detenidos reciban asesoría legal adecuada y ha limitado las posibilidades de esclarecer sus casos.
Por su parte, el Consulado de Colombia en Caracas ha intentado mediar en la situación, pero sin lograr avances significativos. La incertidumbre persiste, y los familiares continúan exigiendo respuestas de ambas administraciones.
Acusaciones y postura del gobierno venezolano
El presidente Nicolás Maduro ha afirmado en reiteradas ocasiones que varios extranjeros han sido arrestados en Venezuela por estar vinculados con presuntos aviones desestabilizadores. Según sus declaraciones, al menos 10 personas de distintas nacionalidades se encuentran detenidas bajo sospecha de conspiración.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, evitó dar detalles sobre estos casos en una entrevista reciente. Su respuesta fue evasiva y desestimó las preocupaciones sobre los detenidos colombianos, dejando más dudas que certezas.
La falta de información oficial sobre los colombianos arrestados en Venezuela mantiene en vilo a sus familias y genera interrogantes sobre el respeto a los derechos fundamentales en estos casos. Aunque algunas personas han sido liberadas, la cifra de detenidos sigue en aumento y las gestiones diplomáticas no han dado resultados concretos.
El llamado de los familiares y organismos de derechos humanos es claro: se requiere una respuesta urgente de las autoridades venezolanas y colombianas para aclarar la situación y garantizar el respeto a las garantías procesales de los detenidos.
