EL VENEZOLANO COLOMBIA
La diáspora venezolana ha traído innumerables retos para los países receptores, siendo Colombia uno de los principales destinos. Dentro de este panorama, la niñez migrante se ha convertido en uno de los grupos más desprotegidos, enfrentando situaciones de abandono, violencia y pérdida de derechos fundamentales. Aunque el Estado colombiano ha implementado medidas para proteger a estos menores, el desafío sigue siendo monumental.
La diáspora y el impacto en la niñez
Desde 2014, Colombia ha recibido más de 2,8 millones de migrantes venezolanos, incluyendo miles de niños y niñas. Este flujo migratorio masivo no solo involucra a quienes huyen de la crisis en Venezuela, sino también a colombianos retornados que residían en el país vecino, muchos de ellos en condiciones de precariedad.
Dentro de esta realidad, los niños se convierten en víctimas de múltiples formas de vulneración de derechos. Según datos oficiales, hasta enero de 2023, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tenía bajo su custodia a 1.082 menores venezolanos que enfrentaban situaciones de abandono o violencia en sus hogares temporales.
Protección estatal y desafíos pendientes
El Estado colombiano ha implementado mecanismos para proteger a los menores migrantes, destacándose los procesos de restitución de derechos. Desde 2015, se han registrado más de 19.000 casos que involucran a niños venezolanos, de los cuales cerca de 2.000 siguen bajo investigación.
En muchos casos, cuando se determina que la seguridad física de los niños está en riesgo, el ICBF asume su tutela. Sin embargo, este esfuerzo resulta insuficiente ante la magnitud del problema. Aún persisten desafíos como garantizar acceso a la nacionalidad, servicios básicos y entornos seguros para estos menores.
Repatriación: entre promesas y dilemas
En 2023, los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron la repatriación de niños bajo custodia del ICBF. Aunque la medida busca garantizar su bienestar, surgen preguntas sobre la capacidad del sistema venezolano para garantizar un retorno seguro y respetuoso de sus derechos.
La periodista Paula Andrea Jiménez, especializada en migración, enfatizó la importancia de evaluar las condiciones en las que estos niños serán devueltos, considerando que muchas instituciones venezolanas enfrentan una grave crisis estructural. La falta de garantías podría perpetuar las condiciones de vulnerabilidad que se busca combatir.
Un llamado a la acción
La protección de la niñez venezolana en Colombia requiere esfuerzos conjuntos entre ambos Estados, organizaciones internacionales y la sociedad civil. Es necesario implementar medidas que aborden de manera integral las necesidades de estos menores, desde la provisión de servicios básicos hasta la creación de políticas migratorias inclusivas.
En un contexto donde miles de niños aún esperan justicia, atención y seguridad, garantizar sus derechos no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético que define el compromiso de las naciones con los más vulnerables.
