EL VENEZOLANO COLOMBIA
Cincuenta y dos organizaciones de la diáspora venezolana han alzado su voz ante la Corte Penal Internacional (CPI), solicitando un juicio rápido y justo por los crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro. La Red de Casas Venezolanas, junto a otras ONG radicadas en Estados Unidos, recalca que estas atrocidades no solo forman parte del pasado, sino que se perpetúan y agravan en la actualidad. Este clamor colectivo representa a miles de víctimas y busca una respuesta contundente por parte de la justicia internacional.
Crímenes de lesa humanidad: un patrón de violencia sistemática
Desde hace años, Venezuela vive una crisis humanitaria agravada por la represión y la violación sistemática de derechos humanos. Según las organizaciones firmantes, los actos de tortura, asesinatos, encarcelamientos arbitrarios y desapariciones forzadas han aumentado de manera exponencial desde las elecciones de julio de 2024.
En este proceso, Nicolás Maduro, reelegido en unos comicios tachados de fraudulentos, intensificó la persecución de opositores y manifestantes, cumpliendo, según denunciaron, su amenaza de un “derramamiento de sangre” si no ganaba las elecciones.
La carta presentada en la sede de la CPI en La Haya destaca que estos crímenes no solo claman por justicia retrospectiva, sino que requieren medidas inmediatas para detener la escalada de violencia.
Las pruebas y las víctimas: ¿qué más necesita la CPI?
Con más de 11.000 víctimas que han aportado evidencias en los últimos años, las ONG venezolanas cuestionan la falta de acción por parte de la Fiscalía y la Corte Penal Internacional. Documentos entregados ante la Sala de Cuestiones Preliminares y la Sala de Apelaciones detallan torturas, violaciones y asesinatos ocurridos entre 2023 y 2024, pero los responsables aún no han sido imputados.
“¿Cuántas pruebas más hacen falta?”, preguntan en su misiva, destacando la urgencia de actuar contra quienes han orquestado esta represión, desde altos mandos civiles hasta militares. La ausencia de sanciones firmes solo perpetúa la impunidad, permitiendo que los crímenes continúen en un clima de total indefensión para las víctimas.
El llamado a medidas cautelares
Las organizaciones también solicitan la implementación de medidas cautelares que frenen la continuidad de estos actos. Estas acciones podrían incluir la supervisión internacional y el bloqueo de operaciones que permitan la persecución de opositores dentro del país.
Además, recalcan que estas medidas no solo beneficiarían a los venezolanos que permanecen en el país, sino también a los ocho millones de emigrantes forzados a abandonar sus hogares debido al desplazamiento forzado.
Justicia y representación de un pueblo desplazado
Los firmantes de la carta señalan que su petición ante la CPI no solo busca justicia para quienes han sufrido directamente, sino que representa a la mayoría del pueblo venezolano, tanto dentro como fuera del país. La emigración masiva y las condiciones extremas de represión han dejado huellas profundas en una nación que clama por un cambio.
La comunidad internacional, aseguran, no puede permanecer al margen ante una crisis que no solo es política, sino también humanitaria. Su mensaje a la CPI es claro: justicia tardía es injusticia, y Venezuela no puede esperar más.
