El Estado de Derecho es el pilar fundamental sobre el cual se construye la estructura política y social de toda nación. Según Hans Kelsen, el respeto, la correcta aplicación y el cumplimiento del orden jurídico son indispensables para garantizar la justicia, la paz y la convivencia social.
En el caso de Venezuela, la crisis institucional, política y social ha evidenciado la urgente necesidad de activar los diversos mecanismos nacionales e internacionales para la legítima defensa de la soberanía nacional, los derechos humanos fundamentales, la soberanía popular y la preservación de sus instituciones democráticas frente a una «amenaza real y creíble».
MARCO CONSTITUCIONAL DE LA LEGÍTIMA DEFENSA
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 333 que los ciudadanos tienen el deber de colaborar en el restablecimiento del orden constitucional cuando este sea vulnerado. Este principio otorga legitimidad a las acciones dirigidas a proteger el orden constitucional y los derechos de los ciudadanos.
El artículo 93 resalta que los derechos humanos fundamentales y los principios democráticos son irrenunciables y deben garantizarse en todo momento. Asimismo, el artículo 336 confiere al Tribunal Supremo de Justicia la responsabilidad de garantizar el respeto al orden constitucional, anulando cualquier acción que lo vulnere.
Estos principios refuerzan la obligatoriedad de la defensa activa y legítima frente a las amenazas al Estado de Derecho y los valores democráticos.
ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA DEFENSA DE LA NACIÓN
La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (LOFANB) también aporta un marco jurídico crucial:
Artículo 23: Define a las Fuerzas Armadas como una institución esencial al servicio de la nación, encargada de garantizar la independencia, la soberanía y el orden constitucional.
Artículo 24: Establece que el uso de la fuerza debe ser siempre legítimo, proporcional y necesario, asegurando el respeto a los derechos fundamentales y al marco jurídico nacional e internacional.
Estas disposiciones destacan el papel de las Fuerzas Armadas como un pilar fundamental en la preservación del Estado de Derecho.
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
Venezuela ha suscrito instrumentos internacionales como:
La Carta Democrática Interamericana, El Estatuto de Roma,
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
Estos acuerdos proporcionan un marco jurídico fundamental para responder ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el uso arbitrario e indebido de la fuerza contra los ciudadanos. Además, reflejan el consenso global en torno a la defensa de las instituciones democráticas, los valores democráticos y los derechos humanos.
LEGITIMIDAD DE LA ACCIÓN
La inacción frente a violaciones al orden constitucional y los derechos fundamentales constituye un «delito de omisión», que podría llevar a la disolución del Estado y la desintegración de su estructura social, jurídica y política. Por ello, es legítimo, necesario y obligatorio ejercer todas las acciones y mecanismos disponibles, tanto nacionales como internacionales, para enfrentar cualquier amenaza real y creíble.
SUSTENTO FILOSÓFICO: SARTRE Y LA RESPONSABILIDAD DE LA LIBERTAD
Desde una perspectiva filosófica, Jean-Paul Sartre enfatiza que la libertad implica responsabilidad activa. Según Sartre, la inacción ante las injusticias equivale a una complicidad moral, lo que refuerza el deber ético de actuar en defensa de los valores fundamentales de una sociedad.
Aplicando esta idea a la situación venezolana, la defensa activa de la soberanía, la democracia y los derechos humanos no solo es una obligación jurídica, sino también una responsabilidad ética colectiva.
CONCLUSIÓN
La legítima defensa del orden constitucional en Venezuela es un mandato jurídico y ético. Los ciudadanos y las instituciones están llamados a actuar para proteger la democracia, los derechos humanos y la soberanía frente a amenazas internas o externas.
El uso legítimo de la fuerza, enmarcado en la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales, es una herramienta indispensable para garantizar la vigencia del Estado de Derecho, la justicia, la libertad y la dignidad de todos los ciudadanos.
Estos derechos irrenunciables deben ser defendidos con firmeza para asegurar la paz, la convivencia y el futuro de la nación.
