EL VENEZOLANO COLOMBIA
La diáspora venezolana enfrenta una serie de restricciones que vulneran su derecho a la identidad, complicando aún más su situación en el extranjero. Las dificultades para renovar pasaportes, obtener certificados de antecedentes penales y acceder a servicios consulares son parte de un entramado de medidas que, según expertos, violan derechos constitucionales y profundizan el aislamiento de los ciudadanos venezolanos.
Desde el cierre de embajadas en varios países hasta el costo exorbitante de los trámites, estas barreras no solo limitan la movilidad de los migrantes, sino que también les impiden acceder a servicios esenciales en las naciones de acogida.
Pasaportes vencidos: el primer gran obstáculo
El acceso a pasaportes para los venezolanos en el exterior es una de las problemáticas más urgentes. Tras el cierre de embajadas en países como Perú, Argentina y Chile, muchos migrantes no tienen cómo renovar su documento de identidad. La situación se agrava con la medida de Caracas que prohíbe el ingreso al país con pasaportes vencidos, salvo en casos excepcionales como la doble nacionalidad.
El trámite en Venezuela, aunque posible, es costoso y complicado. Según testimonios, los costos oscilan entre 200 y 300 dólares, una cifra prohibitiva para la mayoría de la población migrante. A esto se suma un sistema lento y fallido que dificulta obtener citas de manera expedita.
Certificados de antecedentes: otra barrera
Desde agosto, la página web del Ministerio de Interior, Justicia y Paz dejó de funcionar, impidiendo que miles de venezolanos en el exterior soliciten sus antecedentes penales. Este documento es esencial para acceder a trabajos formales y residencias legales en otros países.
Aunque el trámite se habilitó de manera presencial en Caracas, esta solución es inviable para quienes residen fuera de Venezuela. Ante la necesidad urgente, algunos migrantes han recurrido a gestores privados, cuyos costos pueden alcanzar los 450 euros, sumando otra carga económica a su situación.
Cierre de embajadas: impacto profundo
La decisión del régimen venezolano de cerrar embajadas en al menos 10 países ha dejado a cerca de 3 millones de ciudadanos sin acceso a servicios consulares básicos. Este hecho afecta gravemente a los venezolanos que necesitan renovar documentos, legalizar papeles o tramitar pasaportes.
La falta de representación diplomática limita su capacidad de ejercer derechos fundamentales, como la identidad, y pone en riesgo su estabilidad en los países de acogida.
Voces de denuncia y derechos vulnerados
Expertos como Laura Louza, de la organización Sin Acceso a la Justicia, denuncian que estas medidas son contrarias a la Constitución venezolana, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a ingresar al país sin importar la vigencia de sus documentos.
Louza señala que el costo elevado de los trámites, sumado a las restricciones consulares, representa una forma de “exilio forzado” que perpetúa la crisis migratoria. Además, critica que el Estado traslade su responsabilidad a los ciudadanos, quienes ya enfrentan múltiples barreras legales y económicas.
Las restricciones gubernamentales agravan la vulnerabilidad de la diáspora venezolana, dificultando su acceso a derechos básicos como la identidad y la movilidad. Ante este panorama, las denuncias internacionales y el apoyo de las organizaciones de derechos humanos son fundamentales para visibilizar y contrarrestar estas políticas que afectan a millones de personas.
