EL VENEZOLANO COLOMBIA
La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, un polémico instrumento legal que busca sancionar con severidad a quienes respalden sanciones internacionales contra el país. La normativa impone penas de hasta 30 años de prisión, inhabilitación política de 60 años y multas económicas que alcanzan el millón de euros.
Este marco legal, promovido como una respuesta al bloqueo económico y a la interferencia extranjera, establece además medidas como el congelamiento de activos, la extinción de dominio y la censura a medios de comunicación. Sin embargo, expertos alertan sobre las graves implicaciones que esto podría tener para los derechos fundamentales y el clima político en Venezuela.
Sanciones extremas para “defender la soberanía”
La nueva ley prevé castigos drásticos para aquellos que participen en acciones vinculadas a sanciones extranjeras. Entre las penas establecidas se encuentran:
- Prisión de 25 a 30 años para los involucrados en la promoción o respaldo de sanciones.
- Multas de hasta un millón de euros, calculadas en bolívares al cambio del euro, lo que eleva su impacto económico.
- Inhabilitación política de 60 años, que excluye a los sancionados de cargos públicos o elecciones populares.
Estas medidas buscan frenar lo que el gobierno califica como “ataques al Estado” y garantizar la integridad de sus instituciones, argumentando que las sanciones internacionales son crímenes de lesa humanidad.
Medios de comunicación en la cuerda floja
La normativa también tiene implicaciones para el ámbito mediático, con restricciones directas para las plataformas que difundan información que el gobierno considere que promueve sanciones. Entre las sanciones destacan:
- Cierre de medios de comunicación y salida de circulación o del espectro radioeléctrico.
- Multas económicas iguales a las aplicadas a los ciudadanos implicados.
Esta cláusula refuerza el control del Estado sobre la narrativa pública, limitando aún más el espacio para el disenso y el acceso a información imparcial.
Extinción de dominio y registro de sancionados
Un aspecto controvertido de la ley es la creación de un registro nacional de individuos sospechosos de haber incurrido en las acciones señaladas. Las personas incluidas en este registro enfrentan:
- Congelación de activos y prohibición de transacciones comerciales.
- Extinción de dominio, una figura legal que permite al Estado confiscar bienes de extranjeros señalados por violar la soberanía.
Estas disposiciones buscan aislar financieramente a los opositores y reforzar la narrativa gubernamental de lucha contra el bloqueo.
Reacciones y posibles impactos internacionales
La aprobación de esta ley ha generado reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela. Mientras el oficialismo la califica como un mecanismo necesario para “proteger la patria”, opositores y organizaciones internacionales advierten que podría incrementar la persecución política y violar derechos fundamentales.
El texto legal también podría tensar aún más las relaciones con países que ya desconocen al régimen de Nicolás Maduro, afectando la ya deteriorada percepción de Venezuela en la comunidad internacional.
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar marca un punto de inflexión en el manejo del chavismo frente a la presión internacional. Aunque se presenta como un instrumento de defensa soberana, sus alcances podrían restringir aún más los derechos de los venezolanos y profundizar el aislamiento del país. Ante este escenario, la respuesta de la comunidad internacional y la sociedad civil será crucial para medir el impacto real de esta controvertida normativa.
