El régimen de Nicolás Maduro se ha decantado por mantenerse en el poder a punta de represión y miedo, una estrategia efectiva en el corto plazo, pero insostenible en el tiempo. Han pasado los días y las semanas desde que el régimen chavista se adjudicara fraudulentamente la victoria de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
El Consejo Nacional Electoral, CNE, continúa sin publicar las actas mesa por mesa y el chavismo pretende validar la victoria con la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, institución carente de competencias en la materia. Una medida desesperada por dar algún tipo de legitimidad al fraude electoral con el cual pretende aferrarse al poder la Revolución Bolivariana. El oficialismo se confió, pensó que, como en certámenes anteriores, la fragmentación de la oposición y la desidia del electorado les permitiría hacerse cómodamente con la victoria.
A pesar de las condiciones adversas, la oposición no solo logró arrebatarles la victoria, sino recoger todo el material electoral consignado en las actas para demostrarlo, lo cual tomó por sorpresa al chavismo que, sin tener preparado el escenario de la derrota electoral, promulgó unos boletines imposibles matemáticamente en unas elecciones, primero el lunes 29 de julio, con un decimal, y, después, el viernes 2 de agosto, con dos decimales.
A partir de entonces el régimen venezolano ha incrementado la represión: desapariciones, detenciones arbitrarias, actuaciones de grupos parapoliciales, revisión de los teléfonos de los ciudadanos, censura a las redes sociales, acoso a los medios de comunicación, cancelación de pasaportes a ciudadanos dentro y fuera de Venezuela, promoción de la delación entre vecinos, aprobación de una ley en contra de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los Derechos Humanos y un número de fallecidos que supera la veintena en lo que va desde la perpetración del fraude. Altos niveles de represión que han obligado a los principales líderes opositores a resguardarse y pasar a la clandestinidad.
Pero la estrategia de la represión es insostenible a mediano y largo plazo. Su implementación, por el contrario, está subiendo los costos de salida de las cabezas visibles del régimen y ahondando la situación de los mandos medios y de los perpetradores de la violencia en el vecino país.
La violación de los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad en los que está incurriendo el régimen de Maduro para sostenerse en el poder dificultan los escenarios de negociación e imposibilitan posibles amnistías. El sistema de miedo que está imponiendo la cúpula de poder del chavismo afecta las posibilidades de salida de ellos mismos.
A diferencia de los otros autoritarismos de izquierda en la región, Cuba y Nicaragua, la perpetuación de un régimen dictatorial en Venezuela es menos viable. El peso político y social de la diáspora venezolana mantiene la crisis del vecino país en los primeros lugares del interés regional. El lobby político, la participación en medios de comunicación y la presión social hacen del caso venezolano uno de los más relevantes, el cual genera mayor preocupación.
En la misma dirección, el caso venezolano se ha hecho tan notable que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la justicia de varios países observan con atención los eventos acaecidos en Venezuela, haciendo de esa situación una de las más documentadas y que tendrá mayor impacto en el sistema internacional en el mundo occidental, sobre todo en momentos en los que muchos países están entrando en derivas autoritarias.
Si bien por el momento Nicolás Maduro y el circulo de poder chavista sienten que pueden replicar la estrategia del 2018 y 2019, autoaislándose internacionalmente y arreciando la represión, apostando por la desidia internacional, el colapso de la oposición y la desesperanza de la población, los cálculos del oficialismo pueden fallar nuevamente, como fallaron al considerar irrelevantes las primarias opositoras de octubre del año pasado o la cohesión de la oposición entorno a la candidatura de Edmundo González Urrutia, así como la capacidad de la oposición para recolectar y publicar las actas que evidenciaron el fraude.
El chavismo ha cometido muchos errores en el último año, y la arremetida de represión, miedo y violencia en la que se encuentra es quizás el peor de todos ellos.
El caso venezolano es una lección para la región y el mundo democrático. El chavismo logró socavar la democracia instrumentalizando certámenes electorales durante 25 años para imponer una dictadura, pero ahora la oposición logró, por medio de una elección, desenmascarar al régimen, evidenciar el verdadero talante de la Revolución Bolivariana y demostrar con la publicación de las actas la falta de apoyo a la que se enfrentan Maduro y el oficialismo.
Así no lo parezca, en medio de la represión la cuenta regresiva para la salida del poder del chavismo ya inició y una clara evidencia de ello es cómo toman distancia sus viejos aliados o algunos que hasta ayer eran indulgentes. Son pocos los que se ponen del lado del chavismo y el costo político sube a medida que arrecia la represión. El viejo argumento de la autodeterminación de los pueblos, tan conveniente, es insuficiente para justificar la dictadura de Maduro.
