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Amnistía Internacional respondió este miércoles al proyecto de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de la Organización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines presentado en la víspera por el régimen de Nicolás Maduro, por el cual buscan perseguir a las ONG en el país. El organismo que aboga por los derechos humanos alertó de esta movida y pidió el cese inmediato de la iniciativa.
“El 24 de enero de 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela dio su primer paso para aprobar un proyecto de ley que busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela. Si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal”, comenzó el comunicado.
Entre estos controles intrusivos que AI señala se encuentran la divulgación de información sobre su financiamiento, personal y gobierno, por lo que los derechos de asociación y privacidad -entre otros- se verían violados tanto de estas ONG como de sus beneficiarios y quedarían en grave riesgo de criminalización y represalias.
AI advirtió que «si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal” (REUTERS)
“Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que ponga fin de inmediato a este proyecto de ley y cese todos los ataques contra la sociedad civil”, continúa el escrito.
Junto a esto, Amnistía Internacional adjuntó una carta dirigida a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la que también llaman a tomar acción inmediata sobre el caso.
AI adjuntó una carta dirigida a Jorge Rodríguez en el que piden el cese inmediato de la iniciativa (REUTERS)
En ella, el organismo señala al proyecto de ley como “un intento más de controlar a las ONG, las organizaciones humanitarias y otros miembros de la sociedad civil venezolana, y un esfuerzo vergonzoso para limitar su trabajo en materia de derechos humanos, receptores de ayuda humanitaria y personas necesitadas en Venezuela”.
Asimismo, destacó la “misión vital” que llevan a cabo las oenegés en todo el mundo pero, particularmente, en Venezuela, “donde más de 7,1 millones de personas han huido de violaciones masivas de los derechos humanos y millones necesitan ayuda humanitaria a diario”.
También, se menciona el “riesgo constante” que sufren estos defensores de “sufrir acoso, agresiones y detenciones eventuales”, como el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien permanece detenido por embanderar su causa.
Estos escritos surgieron como respuesta a la voluntad del régimen de ir, en principio, contra 62 organizaciones civiles que ya han sido identificadas y que “operan con fines absolutamente políticos y reciben financiamiento de otras naciones”, según denunció este martes Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Entre ellas, Cabello mencionó a las ONGs Súmate, Futuro Presente, Provea, el Instituto Parlamentario Fermín Toro y la Fundación Más Ciudadanos de la Universidada Católica Andrés Bello (UCAB), según precisó el sitio web Monitoreamos.
Diosdado Cabello aseguró que ya tiene 62 organizaciones civiles en la mira (REUTERS)
“Llegó la hora de fiscalizar los recursos que reciben y cómo lo invierten, y si se dedican a la política o a la labor social. ¡Ya basta!”, concluyó el líder chavista durante su presentación ante la Asamblea.
En el pasado, el régimen ya había intentado controlar y atacar a la sociedad civil en Venezuela, como con el Reglamento Administrativo Nro. 001 de 2021 y la denominada Ley de Cooperación Internacional de 2022. Ambas fueron condenadas por AI, incluso con una carta dirigida al dictador Maduro que estaba respaldada por la firma de más de 500 organizaciones.
Tras esto, el Reglamento fue modificado y los elementos más preocupantes de la norma fueron eliminados, como la obligación de revelar los beneficiarios de estas ONG, el plazo de un mes para registrar la información estipulada y la posibilidad de emprender acciones penales contra los directores de estas entidades -incluso, con la posibilidad de enjuiciamiento penal-.
