EL VENEZOLANO COLOMBIA
La ONG Venezuela Sin Fronteras ha convocado a la comunidad venezolana en Bogotá, Colombia, a unirse en la entrega de un documento ante la sede de Unicef, denunciando la detención de niños y adolescentes en Venezuela.
Estas detenciones, ocurridas en el contexto de las protestas poselectorales, han generado preocupación a nivel internacional, ya que los jóvenes están siendo acusados de delitos graves sin un debido proceso legal. La organización busca que Unicef intervenga para proteger los derechos de estos menores y asegurar su liberación inmediata.
La denuncia ante Unicef
Venezuela Sin Fronteras ha decidido tomar medidas contundentes al convocar a los venezolanos residentes en Bogotá para que se unan en una acción de denuncia ante Unicef. El objetivo de la iniciativa es entregar un documento que exponga la grave situación que enfrentan los menores detenidos en Venezuela.
Estos niños y adolescentes han sido arrestados durante las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales, bajo acusaciones severas como terrorismo, instigación al odio, y traición a la patria, entre otras. Sin embargo, las condiciones de su detención y la falta de un juicio justo han levantado alarmas en la comunidad internacional.
Situación legal y condiciones de detención
Según datos de la organización Foro Penal, al menos 136 de los 1.674 detenidos en el marco de las protestas son adolescentes de entre 13 y 17 años. Estas detenciones, realizadas en su mayoría sin el respeto al debido proceso, violan tanto las leyes nacionales como los acuerdos internacionales sobre la protección de menores.
Los jóvenes se encuentran en condiciones precarias, sin acceso a una defensa privada, lo que agrava aún más su situación. La falta de transparencia en los procedimientos judiciales y las acusaciones desproporcionadas son motivo de gran preocupación para organizaciones de derechos humanos.
Críticas al Régimen venezolano
El abogado Zair Mundaray ha sido una de las voces más críticas frente a la situación, señalando que las acusaciones de terrorismo contra menores de edad son un hecho sin precedentes en la región. Mundaray, junto con otros defensores de los derechos humanos, ha denunciado el patrón de represión que se ha intensificado tras las elecciones presidenciales en Venezuela.
Las leyes del país establecen normas específicas para la detención y el juicio de menores, pero en estos casos, parece que estas disposiciones legales están siendo completamente ignoradas, lo que genera un ambiente de total impunidad.
Llamado a la acción
Carlos Trapani, director de Cecodap, ha subrayado la necesidad de una revisión exhaustiva de los cargos presentados contra estos adolescentes. Trapani advierte sobre la desproporción de las condenas que se están proponiendo y hace un llamado a las autoridades venezolanas para que respeten los derechos de los menores, evitando la criminalización injusta. La ONG Venezuela Sin Fronteras y otras organizaciones esperan que la intervención de Unicef pueda contribuir a la liberación de estos jóvenes y a la protección de sus derechos fundamentales.
La situación de los menores detenidos en Venezuela ha generado una ola de solidaridad entre los venezolanos en el exterior, quienes, a través de acciones como la entrega de este documento a Unicef, buscan llamar la atención de la comunidad internacional. La protección de los derechos de estos niños y adolescentes es crucial, y se espera que la presión internacional pueda ayudar a revertir estas detenciones injustas y asegurar que se respeten las leyes nacionales e internacionales en su tratamiento.
