EL VENEZOLANO COLOMBIA
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta nuevas acusaciones relacionadas con el traslado de migrantes, entre ellos venezolanos, a Martha’s Vineyard en 2022.
La acción legal, encabezada por Lawyers for Civil Rights Boston y Alianza Americas, busca revivir el caso en la corte federal, argumentando que los migrantes fueron engañados sobre su destino y las condiciones de vida que encontrarían. Este caso pone a DeSantis bajo el escrutinio más intenso hasta la fecha.
Antecedentes del caso
La polémica comenzó a fines de 2022 cuando cerca de cincuenta migrantes venezolanos fueron transportados sin su consentimiento a Martha’s Vineyard, Massachusetts. Según los afectados, fueron llevados bajo falsas promesas de trabajo. Meses después, recibieron notificaciones del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) sobre una visa a la que podían aplicar, conocida como «bona fide determination».
Este proceso permite a las víctimas de ciertos delitos solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD) y una visa U, que ofrece estatus legal de no inmigrante.
Detalles de la demanda
La demanda presentada sostiene que los migrantes, recogidos en Texas, fueron engañados sobre su destino y las condiciones que encontrarían. En 2022, DeSantis obtuvo $12 millones de la legislatura estatal para financiar su programa de reubicación de migrantes, con documentos que revelan la participación de sus principales asesores en la planificación de los vuelos a Martha’s Vineyard.
Esta acción se utilizó como una crítica a las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, enviando a los migrantes a un estado gobernado por demócratas y atrayendo gran atención mediática.
Acciones judicialespPrevias
En abril, la jueza federal Allison Burroughs desestimó las acusaciones contra DeSantis y otros funcionarios estatales por falta de pruebas suficientes para vincularlos con acciones ilegales en Massachusetts. Sin embargo, permitió que continuaran varias acusaciones contra Vertol, la empresa que recibió $1.5 millones para operar los vuelos, y encontró indicios de que los migrantes fueron seleccionados por su origen hispano.
Esta decisión dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones legales contra DeSantis y sus funcionarios.
Nuevas evidencias presentadas
Esta semana, el grupo de abogados presentó nuevas pruebas que supuestamente muestran a funcionarios de DeSantis organizando los vuelos.
Entre ellas, se alega que Lawrence Keefe, Zar de Seguridad Pública de Florida, y James Uthmeier, jefe de gabinete del gobernador, tuvieron al menos cuatro conversaciones telefónicas en los diez días previos a los vuelos, incluyendo dos con el proveedor del servicio de vuelo.
Estas pruebas buscan reforzar la demanda y vincular directamente a DeSantis con la reubicación forzada de los migrantes.
Respuesta de la administración DeSantis
Hasta ahora, la administración de DeSantis ha mantenido que los vuelos fueron «realizados legalmente y autorizados por la legislatura de Florida». El viernes pasado, los funcionarios no respondieron a las solicitudes de comentarios debido al cierre de las oficinas estatales. Sin embargo, han señalado que esperan con ansias el próximo vuelo de reubicación para destacar la «crisis en la frontera sur».
La batalla legal contra Ron DeSantis y sus funcionarios continúa intensificándose a medida que se presentan nuevas pruebas y se reaviva el caso en la corte federal. Los migrantes venezolanos afectados buscan justicia, alegando que fueron llevados a Martha’s Vineyard bajo engaños y falsas promesas. Este caso no solo pone en cuestión las acciones del gobernador, sino que también destaca la complejidad y las controversias en torno a las políticas de reubicación de migrantes en Estados Unidos.
