EL VENEZOLANO COLOMBIA
En respuesta a las críticas del gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, sobre la reubicación de ciudadanos venezolanos que han delinquido desde Arauca y Bucaramanga hacia el corregimiento de Paraguachón, Migración Colombia emitió una aclaración.
Fernando García, director de la entidad, explicó que entre el 22 y el 25 de mayo, se realizó en Arauca un operativo de verificación migratoria. Esta acción se orientó a controlar la permanencia de extranjeros en el país, conforme a sus competencias legales y constitucionales.
Procedimiento de verificación migratoria
Durante el procedimiento en Arauca, se identificaron 14 ciudadanos venezolanos con medidas migratorias vigentes: seis deportaciones, tres expulsiones y seis salidas voluntarias, impuestas entre 2020 y 2024.
García detalló que, para garantizar que los migrantes pudieran ubicarse en lugares cercanos a sus lugares de origen, se decidió trasladarlos al departamento de La Guajira. Desde allí, serían entregados formalmente a las autoridades migratorias venezolanas (SAIME) en Zulia, permitiendo su eventual traslado a los estados de Trujillo y Lara.
Legalidad y coordinación del traslado
García enfatizó que el traslado se realizó en cumplimiento de medidas migratorias vigentes y conforme a la sentencia SU-397 de 2021, asegurando que el procedimiento administrativo sancionatorio se desarrolló con apego a la Constitución y la Ley.
Además, destacó que el operativo contó con la colaboración de gestores de convivencia de la alcaldía de Arauca y fue coordinado con el Ejército y la Policía Nacional.
Reacción del gobernador de La Guajira
El gobernador Aguilar expresó su descontento mediante una carta dirigida al director de Migración Colombia, calificando la medida de absurda y advirtiendo sobre el potencial caos migratorio que podría generar en La Guajira.
Aguilar argumentó que los traslados masivos de migrantes vulnerables a una región ya protegida por la Corte Constitucional, y con problemas de riesgo alimentario y de agua reconocidos en la Sentencia T-302 de 2017, eran inadecuados y potencialmente perjudiciales.
Respuesta del alcalde de Bucaramanga
Las declaraciones de Aguilar provocaron un enfrentamiento con el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien rechazó las acusaciones y defendió las medidas de expulsión.
Beltrán calificó las declaraciones del gobernador como peligrosas y sostuvo que su administración estaba actuando dentro del marco de la ley para abordar el problema de la delincuencia atribuida a ciudadanos extranjeros.
Subrayó que los procedimientos de expulsión estaban respaldados por las normas colombianas y los tratados internacionales vigentes.
El director de Migración Colombia, Fernando García, no abordó en detalle la situación de Bucaramanga, enfocándose en aclarar el caso de Arauca. Esta situación refleja las tensiones entre las autoridades locales y la administración central en la gestión de la crisis migratoria. La reubicación de migrantes y las respuestas de los diferentes niveles de gobierno subrayan la complejidad de abordar los desafíos migratorios en Colombia, especialmente en regiones ya afectadas por vulnerabilidades socioeconómicas.
En conclusión, mientras las autoridades buscan cumplir con sus responsabilidades legales y humanitarias, la coordinación y el diálogo continuo entre los diferentes actores gubernamentales son esenciales para evitar malentendidos y garantizar una gestión migratoria efectiva y respetuosa de los derechos humanos.
