EL VENEZOLANO COLOMBIA
La migración masiva de venezolanos, que supera los 7.7 millones de personas, sigue siendo una realidad alarmante. Detrás de esta cifra hay historias dolorosas, familias separadas y situaciones críticas que involucran violencia, vulneración de derechos y emergencia humanitaria.
Un reciente encuentro organizado por el Observatorio Social Humanitario (OSH) reunió a expertos para debatir esta preocupante situación.
Crisis en países vecinos
La periodista Paula Andrea Jímenez resaltó que en Colombia, hay casi 2.9 millones de venezolanos y un millón de colombianos retornados, convirtiendo al país en el segundo con más refugiados. Jímenez expresó preocupación por la situación de la niñez no acompañada, expuesta a la trata y explotación, además de resaltar la existencia de más de 3700 casos de niños vulnerados, sin información sobre su estatus actual.
Desafíos en el Caribe
El periodista Pedro Pablo Peñaloza destacó la problemática migratoria en Aruba y Curazao, donde el flujo de venezolanos representa un alto porcentaje de la población local.
Estas islas, parte del reino de los Países Bajos, carecen de políticas de refugio, lo que complica la atención y el reconocimiento de migrantes como refugiados o asilados.
Falta de Información y abusos
Peñaloza mencionó la falta de información y transparencia sobre los migrantes detenidos, señalando abusos en el proceso.
Destacó la situación de detención en la que los migrantes firman documentos en un idioma que desconocen, terminando en cárceles junto con presos comunes, lo que los lleva a renunciar al proceso y solicitar la deportación a Venezuela.
La falta de políticas públicas efectivas para abordar esta crisis migratoria es evidente y preocupante. Es necesario que los países vecinos desarrollen estrategias que respeten los derechos de los migrantes, evitando la revictimización y brindando protección. Se requiere una acción coordinada para garantizar la seguridad y bienestar de los migrantes venezolanos, especialmente los más vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, asegurando su protección y acceso a servicios básicos en condiciones dignas.
