EL VENEZOLANO COLOMBIA
Recientes cambios en la base de datos del Sisbén IV proyectan modificaciones sustanciales para alrededor de dos millones de hogares colombianos.
Esta actualización, con el propósito de mejorar la focalización de las ayudas, ha movido a numerosas personas entre diferentes grupos socioeconómicos.
Cambios en el sistema y nueva clasificación
La reciente actualización del Sisbén IV ha originado movimientos significativos entre diferentes estratos socioeconómicos.
Por ejemplo, un número considerable de individuos ha transitado del grupo A (pobreza extrema) al B (pobreza moderada), y otros han pasado del grupo B al C, representando una transición desde la pobreza moderada hacia la condición de vulnerabilidad.
El nuevo registro social de hogares
Esta actualización se ha fundamentado en un sistema más robusto, el Registro Social de Hogares, que integra información de diversas entidades a nivel nacional y local. Dicha integración de datos tiene como objetivo primordial tener una visión actualizada de las condiciones socioeconómicas de los hogares y una aproximación más precisa a su situación.
Mayor cobertura y alcance
El Registro Social de Hogares ha consolidado información proveniente de más de 40 bases de datos a nivel nacional y 860 bases a nivel territorial. Con esta recopilación de datos de más de 50 millones de personas, se ha logrado una cobertura prácticamente universal en el país, proporcionando un panorama detallado de la pobreza y vulnerabilidad de los hogares.
Cambios en los grupos socioeconómicos
La actualización ha implicado movimientos significativos en los estratos socioeconómicos. Se estima que alrededor de 2 millones de personas experimentarán cambios en sus grupos, saliendo y entrando de diferentes categorías socioeconómicas, lo que incluye la salida de personas de grupos de extrema pobreza y la inclusión en categorías de vulnerabilidad y no pobreza.
Estos ajustes en el Sisbén recalcan la importancia de una focalización precisa para las políticas de asistencia social. Se sugiere que las entidades ejecutoras del gasto social utilicen estos datos actualizados para diseñar programas efectivos y equitativos que atiendan las necesidades de los sectores más vulnerables, asegurando una transición gradual y justa en los subsidios según los nuevos parámetros establecidos.
