EL VENEZOLANO COLOMBIA
La cruda realidad que enfrentan los migrantes de nacionalidad venezolana en Medellín ha quedado al descubierto, gracias a un informe de la Personería que arroja luz sobre el desplazamiento forzado intraurbano que están padeciendo.
En lo que va de 2023, 184 migrantes han presentado declaraciones ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, denunciando ser víctimas de esta desgarradora situación. Las razones que motivan sus denuncias van desde amenazas, desplazamiento forzado, homicidios, despojo, hasta el abandono de sus tierras.
Un drama en las comunas
Las comunas de Medellín se han convertido en el escenario donde este drama humano se manifiesta de manera más cruda. San Javier (comuna 13) lidera las estadísticas con 21 casos, seguida de Popular (comuna 1) con 12 reportes, La Candelaria (comuna 10) con 10 afectados, Castilla (comuna 5) con 7 casos y Aranjuez (comuna 4) con 6 casos. Estas cifras revelan la magnitud de un problema que está afectando a la población migrante de manera desproporcionada.
Un llamado a la acción
Sonia Peña Rentería, líder del Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados de la Personería, ha tomado medidas para abordar esta crisis humanitaria. La situación ha sido informada a la Unidad para las Víctimas, con la esperanza de que se reconozca oficialmente a los migrantes venezolanos como víctimas de este delito en el marco de la Ley 1448 de 2011. Esto permitiría establecer rutas de acción para garantizar los derechos humanos de estas personas en medio del conflicto armado intraurbano en Medellín.
Subregistro y desafíos
Es importante señalar que existe la posibilidad de un subregistro, ya que las entidades encargadas de recibir denuncias y proteger los derechos de las víctimas del conflicto armado, como la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, carecen de una variable en su sistema para identificar a la población extranjera incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV). Esto agrega una capa adicional de desafíos a la situación.
El desplazamiento forzado intraurbano que están experimentando los migrantes venezolanos en Medellín exige una respuesta urgente y efectiva. Es esencial que las autoridades tomen medidas concretas para reconocer y abordar esta problemática. Se recomienda que se establezcan políticas claras para la inclusión de la población migrante en los sistemas de registro de víctimas y que se implementen acciones que garanticen la seguridad y los derechos humanos de estos migrantes. La sociedad en su conjunto debe sensibilizarse sobre esta realidad y contribuir a la construcción de un entorno más seguro y acogedor para quienes han tenido que dejar sus hogares en busca de una vida mejor.
