Corte Constitucional garantiza derecho al trabajo de venezolanos en empresas de seguridad en Colombia

◉ La Corte Constitucional le ordenó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad actualizar el aplicativo de Acreditación de Personal Operativo para identificar a población migrante que busca trabajar en el sector

EL VENEZOLANO COLOMBIA

La Corte Constitucional de Colombia emite un fallo determinante que permite a ciudadanos venezolanos trabajar en empresas de seguridad en el país, reconociendo el Permiso de Protección Temporal (PPT) como documento válido.

Este veredicto responde a la revisión de una tutela y destaca la importancia de salvaguardar el derecho al trabajo en medio de la crisis migratoria.

Victoria legal para migrantes

La Corte Constitucional resuelve a favor de una mujer venezolana, rechazando la decisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad que impugnó un fallo inicial permitiendo el registro con PPT. La omisión de la entidad contravino normativas laborales y migratorias colombianas.

Reconocimiento del PPT

El fallo destaca que la Supervigilancia vulneró el derecho al trabajo al no actualizar su aplicativo para aceptar el PPT como documento de identidad.

La Corte ordena reconocer este permiso, instando a la actualización del aplicativo de Acreditación de Personal Operativo para facilitar el registro de venezolanos en el sector de seguridad.

Derecho a la educación

En otro pronunciamiento, la Corte Constitucional advierte a las universidades colombianas que no pueden negar el acceso a la educación a migrantes venezolanos.

Se basa en el caso de una joven que vio anulada su inscripción a un programa de pregrado por no aceptar el PPT como documento válido, alegando discriminación y vulneración del derecho a la educación.

La Corte Constitucional, al garantizar el acceso al trabajo y a la educación para migrantes venezolanos, envía un mensaje crucial de inclusión y respeto a los derechos fundamentales. Se insta a las autoridades a implementar estas decisiones de manera efectiva y a continuar adoptando medidas que fomenten la integración y el trato justo hacia la población migrante. La justicia social y la protección de derechos humanos deben ser pilares en la gestión de la crisis migratoria.

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