El 5 de octubre el gobierno de Estados Unidos anunció que había forjado un acuerdo con la dictadura de Nicolás Maduro para comenzar a deportar venezolanos a su país, en respuesta al recrudecimiento de la crisis fronteriza.
La medida fue una sorpresa para muchos porque Venezuela no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Para Biden es difícil enviar migrantes a un país gobernado por un presidente que no reconoce.
Pero también lo fue por otra razón: vuelve aún más incoherente la política migratoria de Estados Unidos y probablemente no logrará lo que se propone.
Es fácil entender porque la Casa Blanca tomó esta mala decisión. En los últimos meses el número de detenidos en la frontera sur de Estados Unidos se ha incrementado de una manera dramática. Entre esos migrantes un porcentaje alto son venezolanos.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, se detuvieron cerca de 50.000 en septiembre, una cifra considerablemente superior a los 20.000 de agosto. Este número no es poca cosa: nunca antes se habían arrestado en un mes a tantos migrantes de un país, con la excepción de México.
Por supuesto, esta crisis es un dolor de cabeza político para Biden, que aspira a la reelección el próximo año. El Partido Republicano y los medios conservadores se dedican día y noche a utilizar los problemas fronterizos para minar la popularidad del presidente, exagerando el significado histórico de los actuales flujos migratorios. (En realidad, el porcentaje de migrantes con respecto a la población total ha crecido menos en esta década que en las cuatro anteriores).
Pero los propios demócratas también están cuestionando a Biden. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se ha convertido en un fuerte crítico de su política migratoria. ¿La razón? Esta nueva ola de migrantes, muchos de los cuales están siendo transportados por gobernadores republicanos a los estados demócratas, está colapsando el sistema de albergues de su ciudad.
La política de Biden hacia la migración venezolana ha sido mixta. Por un lado, ha tratado de ampliar las oportunidades para que ingresen por canales regulares. Según cifras gubernamentales, el año pasado se permitió la entrada legal de 130.000 venezolanos. Más importante aún, Biden designó a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), un mecanismo que protege a los beneficiarios de la deportación y les permite trabajar durante un lapso determinado de tiempo.
Por el otro lado, Biden decidió hace un año que expulsaría a México a todos los venezolanos que cruzaran sin permiso la frontera utilizando el Título 42, una polémica regla sanitaria (ya suspendida) para deportar expeditamente a los migrantes en vez de arrestarlos y procesarlos, robándoles su derecho a solicitar asilo. Y la limitada ampliación de las oportunidades para migrar legalmente parece un gesto casi simbólico cuando se compara con la cantidad desmesurada que ingresa ilegalmente cada mes.
Ahora, ante el recrudecimiento de la crisis fronteriza, Biden tomó la decisión cruel e incoherente de devolver venezolanos a su país. Cruel porque se está deportando a personas al lugar peligroso de donde huyeron. Incoherente porque es incompatible con la designación de Venezuela para el TPS, una política ratificada y extendida el mes pasado debido a las «condiciones extraordinarias y temporales… que evitan que los nacionales regresen de manera segura».
Es decir, en septiembre la Casa Blanca reafirmó que los venezolanos merecen protección de las deportaciones por los riesgos que confrontan en su país y un mes después decidió comenzar a expulsarlos.
Sin lugar a dudas, el propósito de la medida es enviar un mensaje a los migrantes: «Si ingresan ilegalmente a Estados Unidos, los llevaremos de vuelta a Venezuela». Así quisiera, Biden no puede deportar por avión a las decenas de mil venezolanos detenidos cada mes en la frontera. ¿Será efectivo este mensaje? Lo dudo. Hasta ahora ninguna advertencia ha funcionado. Y la señal, combinada con extensión del TPS, es ambigua. Se amenaza a los venezolanos si cruzan la frontera y al mismo tiempo se le dan incentivos para cruzar.
Apartando las deportaciones, otro tema debería preocupar a los venezolanos: si el acuerdo entre Biden y Maduro marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral. ¿Significa este acercamiento que la Casa Blanca pondrá más énfasis en colaborar con Maduro en temas migratorios y menos en presionar a la dictadura para que respete derechos humanos, no persiga a sus adversarios y abra espacios para unas elecciones libres y competitivas?
Esperemos que no sea así.
