EL VENEZOLANO COLOMBIA | EL PITAZO
La suerte está echada, salvo que un recurso de última hora modifique el desenlace. Los 107 venezolanos que siguen detenidos en el helipuerto de Chaguaramas, tras una redada en un local de Trinidad y Tobago, serán deportados, luego de que en la audiencia de revisión judicial de los migrantes, celebrada este jueves 10 de agosto, se declararon válidas las órdenes de expulsión.
Es posible que la orden de deportación de estos hombres y mujeres se ejecute este fin de semana, indicó una fuente del caso. Estos 107 venezolanos forman parte de un grupo de 196 migrantes de la misma nacionalidad que fueron detenidos el 9 de julio en un bar en Saint James, en las afueras de la capital trinitense.
Desde ese día, otros han salido en libertad. Más recientemente, el 9 de agosto, 29 fueron sacados del helipuerto de Chaguaramas bajo libertad condicional, y no 64, como inicialmente informaron medios locales, aclaró la directora de La Casita Centro Cultural Hispano, Andreína Briceño.
Pero lo que más alarma a Briceño es el hecho de que en el grupo de detenidos hay venezolanos que tienen abierto un proceso de solicitud de asilo ante la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), lo que significa que no deben ser devueltos a la fuerza a su país de origen. De hacerlo, Trinidad y Tobago estará violando el principio de no devolución, que es la piedra angular de la protección internacional de los refugiados.
Un proceso plagado de arbitrariedades
Aún más: en el grupo de detenidos hay otros venezolanos a los que ya les fue reconocida la condición de refugiado; incluso, está una venezolana que es madre de tres hijos nacidos en Trinidad y Tobago, indica la directora de la ONG, que apoya a migrantes en la isla caribeña.
Por eso, teme que el gobierno trinitense ejecute una deportación arbitraria. «Es un abuso de poder«, sostiene Briceño sobre lo que sucede con sus compatriotas y la posibilidad de que ocurran expulsiones fuera de la ley. Considera que sería la guinda de un proceso plagado de ilegalidades desde el comienzo.
«Fueron detenciones arbitrarias«, afirma. Añade que en la redada policial efectuada en el club nocturno no se verificaron los documentos de los venezolanos. Tampoco se les siguió el debido proceso, según establecen las leyes trinitenses.