EL VENEZOLANO COLOMBIA
La Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, se encuentra envuelta en un conflicto debido a la salida de su hijo menor de edad del país sin los permisos necesarios.
Se investiga si la Ministra utilizó irregularmente su cargo para presionar a un funcionario de Migración Colombia y permitir la salida del menor.
Se analizará las posibles consecuencias legales a las que podría enfrentarse Irene Vélez en este caso.
Posible prevaricato por parte del funcionario de Migración
En caso de que el funcionario de Migración haya otorgado la salida del niño sin los permisos necesarios, se podría configurar el delito de prevaricato.
Este delito implica que un servidor público emita una resolución o acto administrativo manifiestamente contrario a la ley. Tanto el funcionario que profirió la resolución como aquel que lo instigó podrían ser responsables de este delito.
Tráfico de influencias de servidor público
Si no se produjo una resolución manifiestamente contraria a la ley, se podría considerar el delito de tráfico de influencias de servidor público. Este delito se refiere al uso indebido de influencias derivadas del cargo o función de un servidor público con el objetivo de obtener beneficios indebidos.
En este caso, se investigaría si la Ministra utilizó su posición para obtener un beneficio en el asunto de la salida de su hijo.
Posibles sanciones
El delito de tráfico de influencias de servidor público conlleva una pena de prisión de 74 a 144 meses, mientras que el prevaricato tiene una pena que oscila entre los 48 y los 144 meses de cárcel. En caso de que Irene Vélez sea encontrada responsable de alguno de estos delitos, podría enfrentar una condena de prisión.
La situación de presunta presión de Irene Vélez a un funcionario de Migración para permitir la salida de su hijo sin los permisos necesarios ha generado investigaciones y posibles consecuencias legales. La Ministra podría enfrentar sanciones tanto disciplinarias como penales, dependiendo de las pruebas y determinaciones de los órganos judiciales. La justicia deberá determinar si existió el delito de prevaricato por parte del funcionario de Migración o el delito de tráfico de influencias de servidor público en el caso de la Ministra.
