EL VENEZOLANO COLOMBIA
El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, ha alertado sobre la posibilidad de un éxodo masivo de aproximadamente 7.000 colombianos en Venezuela, quienes podrían ser deportados o retornados a Colombia.
Ante esta preocupante situación, la Defensoría ha solicitado la activación de planes de contingencia y la garantía de los derechos de la población migrante. Además, se destaca la necesidad de proteger a los colombianos detenidos en operativos militares en las minas auríferas de Yapacana, en Venezuela.
Protección de derechos y garantía del debido proceso
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a la Cancillería colombiana para que se implementen mecanismos que aseguren el debido proceso y el derecho a la defensa de los colombianos que puedan ser detenidos en operativos militares realizados por tropas venezolanas en las minas auríferas de Yapacana, ubicadas en Venezuela.
Es fundamental garantizar que se respeten los derechos fundamentales de estas personas, incluso en situaciones de irregularidad migratoria. Según la Defensoría, los operativos militares iniciados por Venezuela han resultado en la captura de personas colombianas.
Algunas de las minas de extracción aurífera, al ser actividades ilegales y perjudiciales para el medio ambiente, estarían en proceso de cierre o regulación. Esto podría desencadenar un posible retorno masivo de colombianos.
Potencial éxodo masivo y crisis humanitaria
La Defensoría advierte que, de darse una deportación masiva, podría convertirse en el mayor éxodo de los últimos tiempos. Los departamentos del Vichada y Guainía serían los principales lugares de recepción de esta población.
Sin embargo, estos lugares carecen de las capacidades suficientes para enfrentar un éxodo de gran magnitud, lo que podría generar una crisis humanitaria. Las comunidades locales y sus habitantes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Además, la situación afecta a grupos especialmente vulnerables, como indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estas personas están expuestas a la vulneración de sus derechos fundamentales, incluyendo su integridad, libertad, seguridad y vida.
Llamado a la cooperación y apertura de consulados
La Defensoría ha realizado un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para establecer mecanismos de cooperación que aborden las posibles vulneraciones de derechos de la población en movilidad humana en la frontera entre Guainía (Colombia) y el estado Amazonas (Venezuela). Se enfatiza la necesidad de un enfoque preventivo, de protección y humanitario para abordar esta situación.
Asimismo, se solicita la apertura de consulados en San Fernando de Atapabo y Puerto Ayacucho, así como el funcionamiento del consulado de Venezuela en Inírida.
Estas medidas facilitarían la atención y protección de los colombianos afectados y promoverían una respuesta coordinada entre los gobiernos de ambos países.
La situación de los colombianos en Venezuela plantea desafíos significativos en términos de protección de derechos y prevención de una crisis humanitaria. Es crucial que las autoridades colombianas activen planes de contingencia y trabajen en colaboración con Venezuela para garantizar la integridad y el bienestar de los colombianos que podrían enfrentar deportación o retorno.
Asimismo, se requiere una respuesta humanitaria y solidaria, con la apertura de consulados y el establecimiento de mecanismos de cooperación para brindar la debida protección a la población en movilidad humana en la frontera. Solo a través de esfuerzos conjuntos y acciones coordinadas se podrá hacer frente a esta compleja situación y salvaguardar los derechos de los afectados.
